LIMA.- Los cuatro terroristas chilenos, cuyas sentencias a cadena perpetua fueron anuladas la semana pasada por la justicia militar de Perú que remitió sus casos al fuero común para un nuevo juicio, llegaron la tarde del sábado a Lima procedentes del penal de máxima seguridad de Yanamayo, sudeste del país.
La Policía Nacional del Perú informó que el traslado también se debió al pésimo estado de salud que presentan Jaime Francisco Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Astorga.
Todos ellos, conjuntamente con los chilenos Alejandro Valdivia López y Marcela González Astudillo, que purgan condena de 20 años en el mismo penal, iniciaron hace 23 días una huelga de hambre exigiendo sean expulsados a su país.
Alejandro Valdivia, que no tendrá nuevo juicio, también fue trasladado a Lima por el deterioro de su salud.
Previamente y bajo severas medidas de seguridad, los cinco chilenos salieron del penal en dos ambulancias de la policía y llevados directamente al aeropuerto de Juliaca, a 1.300 km. al sudeste de Lima.
En cuestión de minutos todos fueron introducidos a un avión Antonov de la policía que los trasladó hacia la base aérea de la policía, en el litoral limeño donde abordaron tres helicópteros con destino a sus centros de reclusión.
Se informó que los cuatro chilenos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA-guevarista) fueron recluidos en el penal limeño de máxima seguridad Miguel Castro Castro, mientras que María Concepción Pincheira fue remitida al penal Santa Mónica, en el barrio de Chorrillos.
El Consejo Supremo de Justicia Militar anuló las sentencias a cadena perpetua en acatamiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo de 1999 en el sentido de que se realice un nuevo juicio.
Esta es la segunda vez que la justicia militar anula condenas de cadena perpetua a extranjeros acusados de terrorismo. En agosto del año pasado el CSJM anuló la sentencia a perpetuidad que había aplicado a la norteamericana Lori Berenson, también por terrorismo.
Berenson es juzgada actualmente en un tribunal común acusada de vinculaciones con el MRTA.
El fallo de la CIDH, dado a conocer en mayo de 1999, provocó la decisión del Jefe de Estado en aquel entonces, el destituido Presidente Alberto Fujimori, de apartarse del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, tras el derrumbe del régimen de Fujimori, en enero de este año, el gobierno del Presidente Valentín Paniagua restableció sus relaciones con el tribunal, abriendo las puertas al cumplimiento del fallo de la CIDH.
Los cuatro chilenos fueron hallados culpables del delito de terrorismo en su modalidad de traición a la patria por un tribunal militar que determinó que integraban una célula especial del guevarista MRTA especializada en secuestros, a la que se responsabilizó del asesinato de varios empresarios.
