SANTIAGO.- El partido Unión de Centro Centro (UCC) expresó su total y absoluto rechazo a la propuesta gubernamental de conmutar las penas de los delincuentes extranjeros por la de extrañamiento hacia su país de origen, ya que esta posibilidad -según la colectividad- es una solución menor que no ayuda significativamente a solucionar el alto hacinamiento carcelario.
Así lo expresó el abogado y presidente de la UCC, Hugo Fernández, quien calificó la iniciativa como una medida ineficiente para disminuir la alta población penal, sobre todo porque aborda sólo una mínima parte del problema y no tiene incidencia mayor en el alto hacinamiento carcelario.
"Creo que es irresponsable proponer una conmutación de penas para delincuentes extranjeros como alternativa viable para rebajar la población penal", dijo. Es más, agregó, "esto podría generar una tentación mayor por venir a delinquir a nuestro país, ante la posibilidad de atochar las cárceles para que la autoridad decrete sucesivas conmutaciones de penas y así obtener su libertad bajo la más absoluta impunidad".
Fernández lamentó que la autoridad no tenga propuestas reales y eficientes para solucionar este problema y tenga que recurrir a alternativas de "parche" que no solucionan el tema de fondo que aqueja a los recintos carcelarios.
"La primera iniciativa que el Gobierno debiera tomar es la salida del director de Gendarmería, y una vez que ocurra esto abordar el problema del hacinamiento de los penales a través de la construcción urgente de nuevas cárceles, la agilización de los procesos, la habilitación de granjas de rehabilitación para los reos no peligrosos, la implementación de una libertad vigilada con el uso de brazaletes de resguardo, y por sobre todo, llamar al sector privado a participar en un concurso de ideas, que al parecer el Gobierno no las tiene, para terminar con el problema de hacinamiento en las cárceles del país", enfatizó.
Finalmente, Fernández precisó que sin perjuicio de buscar las soluciones al alto poblamiento penal se deben abordar con urgencia y bajo una política de Estado, tanto las medidas preventivas de la delincuencia como las soluciones a la gran problemática judicial que enfrenta el país por la escasez de recursos.
"Creemos -argumentó- que se deben implementar a la brevedad nuevos tribunales y cortes de apelaciones, de manera tal de hacer más eficiente y rápida la aplicación de justicia.
