VALPARAISO.- La Cámara de Diputados aprobó hoy por 95 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que establece un indulto a pedido de la Iglesia Católica para los reos no peligrosos en el marco de la conmemoración del Jubileo 2000.
El proyecto -iniciado en moción de los senadores Hosain Sabag (DC), José Antonio Viera Gallo (PS), Beltrán Urenda (UDI), Mario Ríos (RN) y Enrique Silva Cimma (designado)- deberá pasar ahora nuevamente a la Cámara Alta para cumplir su tercer trámite.
En tanto, los diputados presentaron indicaciones menores que, en todo caso no alteran el fondo de la iniciativa.
De acuerdo al texto, se rebaja dos meses por año a las penas privativas o restrictivas de libertad iguales o inferiores a cinco años; se rebaja en 30 días la pena de condenados a menos de seis meses; se reducen en seis meses las condenas a mujeres con hijos menores de 18 años y se entrega un indulto total a personas con enfermedades graves invalidantes e incurables.
Este último punto no se cumplirá en caso de delitos por terrorismo, en que en cambio se reemplazará la pena privativa por la expulsión del país.
Sin embargo, estarán excluidos del beneficio los condenados a más de cinco años de pena privativa o restrictiva de libertad, los condenados por delitos contra las personas o contra la propiedad, tráfico de drogas y abuso sexual, al igual que en casos que la víctima sea un menor de edad y delitos que hayan ocasionado muerte o lesiones graves.
Asimismo el proyecto excluye del beneficio de reducción de pena a los reincidentes y a quienes se haya revocado la libertad condicional, con lo que en definitiva entrega el indulto principalmente a personas que hayan cometido delitos menores de tipo económico.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, recalcó que el proyecto no permitirá que se entregue un beneficio a quienes hayan cometido delitos graves, señalando que "atañe sólo aquellos delitos menores a cinco años, primerizos, algunos manejos en estado de ebriedad sin resultado de muerte, algunos delitos económicos que no producen ningún efecto contra la seguridad ciudadana, sino que sólo es un gesto humanitario de la Iglesia Católica que el Gobierno ha querido respaldar".
Precisó que "ha quedado expresamente excluido todo delito como violación, homicidio, robo o cualquiera que afecte a la seguridad ciudadana. Por el contrario, el proyecto beneficia a delitos menores que cualquier legislación moderna los castiga con medidas alternativas y no con prisión como sucede en Chile".
