SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Jaime Ravinet, anunciaron hoy una "gran reforma urbana" para el país, que comprenderá nuevos mecanismos de gestión, participación y financiamiento destinados a mejorar las ciudades y la apertura de nuevos espacios a la inversión privada.
Durante una ceremonia realizada en La Moneda el titular del Minvu explicó que el 86 por ciento de los chilenos vive en ciudades y que se está generando una creciente demanda por mejores condiciones de vida, por lo que durante el segundo semestre del año pasado se reunieron personalidades políticas, académicas, empresariales y profesionales para dar vida a este plan.
Entre los cambios que se realizarán se encuentran las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y construcciones, publicadas hoy en el Diario Oficial. Entre ellas destacan la agilización de procedimientos para la obtención de permisos de edificación, lo que según Ravinet contribuirá a evitar la burocracia.
Asimismo, se exigirá que las Seremis y direcciones de Obras Municipales entreguen a cualquier persona que lo solicite, copias de los oficios, resoluciones e informaciones que se hayan emitido sobre materias regidas por la Ley y la Ordenanza General y sobre los instrumentos de planificación territorial. Esta medida apunta a la transparencia.
También se flexibilizará la normativa de construcción para favorecer la rehabilitación de edificaciones con valor patrimonial. Se promoverá la creación de áreas verdes públicas o municipales -200 hectáreas- especialmente destinadas a los sectores de menos recursos, pavimentaciones participativas y el "100 por ciento de cobertura urbana de obras sanitarias", subrayó el Primer Mandatario.
Además, se creará un Consejo Nacional para la Reforma Urbana, que encabezará el propio Presidente y coordinará el ministro de Vivienda y Urbanismo. En esta instancia concurrirán representantes del gobierno, sector privado y profesional.
La reforma urbana se programó como respuesta a las transformaciones de las ciudades y de los mismos ciudadanos. Su puesta en marcha permitirá modernizar los instrumentos de gestión, a partir de un paquete de 80 propuestas elaboradas en conjunto entre el sector público y el privado.
El proceso se inició en el segundo semestre del año 2000, cuando se invitó a un centenar de personalidades políticas, académicas, empresariales y profesionales a participar en el Grupo de Trabajo para la Reforma Urbana, con el objeto de que aportaran con nuevas ideas. Después de seis meses de trabajo, emergieron cuatro informes con las 80 propuestas antes mencionadas.
Según lo precisó el Presidente Ricardo Lagos, este significativo esfuerzo no estará circunscrito a Santiago o las grandes urbes, sino a cada una de las ciudades del país, con el desafío de ser capaces de generar una buena parte de los recursos públicos al interior de éstas mismas.
Nueva ordenanza
La Nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcción -publicada hoy en el Diario Oficial- fue producto de un trabajo intersectorial que implica cambiar el 60 por ciento de los 406 artículos de este decreto reglamentario.
La modificación aborda siete temas claves que son agilización de trámites, transparencia, seguridad para las personas, participación ciudadana, patrimonio, más áreas verdes y menos áreas cafés.
Además, según explicó el ministro Ravinet, se establecen con claridad los requisitos para pedir los distintos certificados y papeles de manera de simplificar procedimientos y, lo que es muy importante, se determina que toda ampliación en construcciones inferiores a 100 metros cuadrados se considerarán obras menores, "lo que va evitar futuras leyes del Mono".
A la vez, en los DFL2, se dejará establecido que junto con el permiso de construcción puede contemplarse su capacidad de ampliación hasta el límite máximo, de manera de evitar trámites futuros.
Nuevos mecanismos de gestión
La Reforma Urbana anunciada hoy por el Presidente y el ministro Ravinet propone modernizar y crear nuevos mecanismos de gestión, participación y financiamiento, que posibiliten el mejoramiento real de las ciudades chilenas y abran nuevos espacios a la inversión privada y a la creación de más puestos de trabajo.
En el terreno de la descentralización, se dará más atribuciones y se aumentarán las capacidades de gestión de los gobiernos locales y regionales. También se buscarán los mecanismos para modernizar al sector público, a través de la creación de regulaciones flexibles y formas de participación que incorporen fuertemente al sector privado y a la comunidad en la generación y financiamiento de iniciativas de desarrollo urbano.
A partir del año 2002, se generarán "Planes Regionales de Desarrollo Urbano y Territorial" (con un presupuesto inicial de aproximadamente 300 millones de pesos), en las trece regiones del país, los que deberán estar vigentes al 2004, como un primer paso para definir sus prioridades de desarrollo.
Desde el 2003 se premiarán las mejores iniciativas y proyectos de participación, gestión y desarrollo urbano públicas, privadas y comunitarias, con un Concurso de las "Mejores Prácticas de hacer Ciudad".
