SANTIAGO.- Por más de una hora se extendieron los alegatos en la Tercera sala de la Corte Suprema que deberá resolver si se autoriza o no la comercialización del anticonceptivo de emergencia conocido como "píldora del día después".
En esta oportunidad presentaron sus argumentos los abogados Francisco Chaguán del "Frente por la vida y acción solidaria", Jorge Reyes de la "Organización Mundial de Madres" y Paulina Valenzuela del "Movimiento Nacional por la Vida", organizaciones no gubernamentales (ONGs) que se oponen a que se comercialice este fármaco por considerarlo abortivo.
Una vez finalizados los alegatos, Francisco Chaguán afirmó que se defendió el derecho de la vida desde el momento de la concepción y se presentó como pruebas en su favor una negativa del año 1990 del Instituto de Salud Pública, entonces dirigida por el doctor Leonel Rojas Stolze, y del Ministerio de Salud, a cargo de Jorge Jiménez, que rechazó la comercialización de una píldora con similares características a la que ahora se pretende autorizar.
Chaguán agregó que respecto de este último punto ha habido un ocultamiento de información, puesto que no han podido acceder a los documentos que acreditan dicha negativa.
Por su parte el abogado Jorge Reyes sostuvo también que si se comercializa este fármaco anticonceptivo se contraviene el Pacto de San José de Costa Rica que sostiene que los estados firmantes respetan y defienden los derechos del que está por nacer desde la concepción.
Sin embargo, el abogado del Instituto de Salud Pública, Guillermo Arenas sostuvo, luego de escuchar los alegatos de los profesionales de las ONGs, que existe un error de interpretación del Pacto de Costa Rica, porque si bien reconoce que en él se defiende la vida del que está por nacer, explica que es cada Estado el que decide en forma autónoma e independiente cuándo se produce la concepción del nuevo ser, y en Chile es desde la anidación del óvulo en las paredes del útero.
Respecto de la decisión del ISP en 1990 de negar la comercialización de un fármaco similar a la "píldora", el ex director del organismo, Gonzalo Navarrete, sostuvo que esa decisión fue tomada por una sola persona, la entonces directora de Control Nacional Raquel González, y que esa determinación, que sí es publica según recalcó, fue hecha arbitrariamente y sin asesoría de diversos profesionales como cuando se decidió permitir la venta de la píldora bajo su mandato.
Continúan alegatos el lunes
Los alegatos ante la Tercera sala continuarán el próximo lunes, oportunidad en que presentarán sus descargos el abogado pro-vida Alejandro Romero, por el Consejo de Defensa del Estado, que es parte querellada, Guillermo Arenas, y por el ISP, también querellado, Fernando Márquez.
La tercera sala de la Corte Suprema está integrada por los ministros Orlando Alvarez, Domingo Yurac, Humberto Espejo, Domingo Kokisch y Jorge Medina.
En mayo pasado la octava sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección presentado por las ONGs pro-vida para detener la venta de la píldora, por dos votos contra uno, con consulta al máximo tribunal.
El 17 de julio los integrantes de las ONGs recusaron al abogado integrante de la tercera sala René Abeliuk, razón por la cual la apelación que presentaron no se vio en esa oportunidad.
En tanto, en las afueras de tribunales un grupo de mujeres representantes del "Foro-red de salud y derechos sexuales y reproductivos de Chile" realizó una manifestación simbólica para que se comercialice la píldora entregando globos con lecturas alusivas y volantes informativos sobre el anticonceptivo de emergencia.
