SANTIAGO.- Desde su gira por la Tercera Región, el Presidente Lagos desmintió los rumores que esta mañana rondaron en el palacio de Gobierno respecto de que el Ejecutivo estudiaba la posibilidad de remover del cargo a la presidenta del Cosejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, luego que ayer ésta fuera inahibilitada por la Corte Suprema de un arbitrio judicial entre dos compañías mineras.
Según los rumores que circularon esta mañana en la Moneda y que ninguno de los ministros del ala política quiso confirmar ni desmentir, el Presidente Lagos habría instruido a sus consejeros estudiar las posibilidades de remover a Clara Szczaranski de la dirección del CDE, dejándola como una de los 12 consejeros que componen la entidad.
La posibilidad de que a Clara Szczaranski se le pidiera dejar el cargo radica en que el jefe de Estado no tiene la facultad de modificar la conformación de los miembros del CDE, pero que como la titularidad del mismo tiene la calidad de jefe de servicio que son cargos de exclusiva confianza del Mandatario, Lagos podría nombrar a uno de los consejeron como nuevo presidente.
Esta institución está compuesta por 12 miembros, 11 de los cuales se eligen propuestos por el Presidente de la República, y con la ratificación del Senado, mientras el restante es designado directamente por el jefe de Estado mediante un decreto presidencial.
En tanto, mientras la aludida se encuentra cumpliendo una licencia médica producto de una operación que se realizó el martes pasado, su esposo, el ex sacerdote Renato Hevia, negó que Clara Szczaranski vaya a presentar su renuncia a la entidad, pero sí reconoció que se encuentra muy dolida por la situación.
Ayer el pleno de ministros de la Corte Suprema decidió por 11 votos contra tres actuar de oficio y remover de un arbitrio judicial que Clara Szczaranski desempeñaba entre las empresas mineras "San Miguel Uno de Sierra Valenzuela" y la "Compañía Minera Santa Isabel Limitada" por un conflicto de tierras.
Según fundamentaron los magistrados del máximo tribunal, Szczaranski se habría excedido del plazo de dos años estipulado para tomar una decisión en el asunto -el cual venció el 7 de junio de 2000-, por lo que invalidaron todas las acciones y decisiones que ésta haya adoptado con posterioridad a esa fecha.
