SANTIAGO.- El gobierno continuará ejerciendo su derecho a dictar políticas públicas en el ambito sanitario, dijo hoy el vocero del Ejecutivo, Claudio Huepe, al comentar el fallo de la Corte Suprema que prohibió la venta en Chile de la denominada "píldora del día después".
Pese a reiterar que las autoridades civiles respetan y acatan las resoluciones del Poder Judicial, el secretario de Estado indicó que en la práctica de ese derecho el Instituto de Salud Pública (Isp) autorizó la venta del fármaco Levonogestrel y, hace pocos días, de otro medicamento de similares carcaterísticas perteneciente al laboratorio Grunental.
"Creo que es importante aclarar que esa política corresponde al ministerio de Salud y no creemos conveniente correr el riesgo que las autoridades de salud pudieran ser reemplazadas en esta definición por autoridades de los tribunales de justicia. Creemos que ese no es el caso pero algunas personas han expresado sus inquietudes al respecto", sostuvo.
Respecto a la autorización del segundo medicamento, Huepe aclaró que ese registro sanitario se emitió el pasado 24 de agosto a causa de una petición enviada por la empresa, en el mes de enero, por lo cual no correspondería a una forma de evadir la resolución judicial.
Asimismo, explicó que el fallo del máximo tribunal del país se refirió a un fármaco específico y no a la sustancia médica genérica, situación que permite que el ISP no caiga en una acción de desacato a la justicia.
En este punto, el secretario de Estado reconoció que, en la eventualidad que esta nueva autorización sea discutida en los tribunales, esta misma situación podría volver a repetirse, así como en casos que afecten a otros medicamentos.
"El riesgo de esa eventualidad existe, porque el Poder Judicial tiene atribuciones establecidas por la Constitución y actúa de acuerdo a la legislación y sobre como ellos la entienden. Ellos se han pronunciado sobre un tema casi filosófico, como el origen de la vida (...) y a nosotros de acuerdo a nuestra institucionalidad, no nos queda sino acatarlo", señaló el secretario de Estado.
Por otra parte, indicó que las iniciativas legislativas que puedan presentarse en el Congreso para evitar que esto vuelva a repetirse es competencia de los propios parlamentarios que hayan sentido que esta resolución atenta contra la libertad de las personas.
