SANTIAGO.- El abogado recurrente en el caso de la píldora del día después, Francisco Chahuán (RN), acusó hoy al Ejecutivo de estar "politizando" el tema de los derechos del que esta por nacer.
"Nosotros creemos que el Presidente de la República está politizando el tema. Sobre todo nos parece grave, puesto que creemos que el Presidente de la República está perdiendo legitimidad moral, toda vez que él siempre ha señalado que las instituciones en nuestro país funcionan y él no estaría acatando un fallo de la Excelentísima Corte Suprema, que en su considerando 20 es tajante" dijo.
"Cualquier píldora que contenga el Levonorgestrel en 0,75 miligramos es abortiva y el aborto es penado por el Código Penal", argumentó Chahuán.
Respecto a los dichos del Presidente Ricardo Lagos , en torno a que quienes defienden ahora la vida, callaron durante el gobierno militar, el dirigente pro vida manifestó su desacuerdo con tal argumento, puesto que -segÚn dijo- los abogados patrocinantes en contra de la píldora del día después tienen entre 27 y 28 años, y que esta posición es transversal, pues va más allá de partidos políticos.
"Nosotros constituimos una transversalidad en esta defensa a la vida y el reconocimiento de los derechos humanos de miles de niños que están por nacer y no solamente porque pertenecemos a distintos sectores políticos, los que presidimos las ONGs que actuaron en esta causa, sino que además porque somos jóvenes".
Por tanto, nosotros como jóvenes no podemos hacernos cargo de la responsabilidad histórica de los partidos con los cuales compartimos, simpatizamos o militamos", argumentó.
En tal sentido, aclaró que su generación cree en el respeto irrestricto a los derechos humanos y que el derecho a la vida no tiene excepciones y que "si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de alzar nuestras voces respecto de los hechos ocurridos en el pasado, por supuesto que lo hubiésemos hecho, porque nosotros nunca hemos avalado ni justificado cualquiera de los derechos humanos".
Por último, Francisco Chahuán insistió en la necesidad de que el gobierno patrocine un debate nacional ético y político, con todos los sectores sociales del país, respecto de estos temas.
