SANTIAGO.- La recién designada fiscal de la Corte Suprema Mónica Eugenia Maldonado Croquevielle, se sumó esta mañana al "mea culpa" social por los errores cometidos en el caso de Alto Hospicio, dejando entrever que la justicia no llega a todos por igual.
"Todos somos responsables de estas situaciones en que la gente marginada no tiene el mismo acceso que los que tenemos posibilidades de una defensa mejor. Yo me pregunto, ¿qué ocurre si desaparecen siete niñitas de un colegio del barrio alto?", sostuvo la nueva fiscal.
El nombramiento de Mónica Maldonado para el cargo en el máximo tribunal fue unánimemente ratificado ayer por el Congreso. Lo mismo ocurrió con la propuesta para que la presidenta de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Antonia Morales, asumiera la vacante dejada por el ministro Osvaldo Faúndez en la Suprema, quien se acogió a la jubilación.
En este sentido, Mónica Maldonado señaló sentirse satisfecha con los nombramientos, ya que constituye un hecho histórico que dos mujeres integren la Corte Suprema.
Asimismo, manifestó que hombres y mujeres deben compartir las mismas responsabilidades.
Agregó además que el hecho de que se integren mujeres al máximo tribunal del país, sin duda dará otra visión del ejercicio de la justicia. Citó como ejemplo el que ella visita desde hace doce años a los reos marginales de las cárceles chilenas, como son los enfermos de Sida y los esquizofrénicos.
Visita a La Moneda
En horas de esta mañana, la nueva fiscal de la Corte Suprema fue recibida en La Moneda por los ministros del Interior, José Miguel Insulza, y de Justicia, José Antonio Gómez, quienes la felicitaron por las nuevas funciones que desempeñará en el máximo tribunal del país.
Al término del encuentro, Mónica Maldonado indicó que durante la reunión conversaron sobre su extensa carrera dentro del Poder Judicial, así como de las nuevas funciones que tendrá que cumplir, entre las cuales se cuentan conocer el marco jurídico de las solicitudes de extradición de otras naciones.
En ese sentido, la fiscal precisó que, pese a no estar interiorizada sobre los procesos judiciales nacionales y extranjeros que se siguen en contra del general (r) Augusto Pinochet, concuerda con la tesis de que el desafuero del senador vitalicio sólo es válido para el caso Caravana de la Muerte, por lo que la justicia argentina debería solicitar primero un nuevo desafuero, antes de pedir su extradición por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974.
