SANTIAGO.- El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se reunió hoy con los directores de todos los organismos dependientes de su cartera con el objetivo de analizar las principales tareas para llevar a cabo las medidas que buscan mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, anunciadas el pasado miércoles por el Presidente Ricardo Lagos.
El secretario de Estado se reunió con los titulares del Servicio Nacional de Menores (Sename), de Gendarmería, del Servicio de Registro Civil, del Servicio Médico Legal, de la Corporación de Asistencia Judicial, entre otros, a fin de dar a conocer los mecanismos y plazos que se han establecido concretar las siete principales reformas que se proyectan para el sector.
"Nosotros tenemos el compromiso de presentar, en un plazo máximo de 60 días, proyectos de ley para la destinación de jueces de dedicación exclusiva, los jueces de turno las 24 horas del día, aumentar los ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, registro de apreensiones pendientes, registros de ADN y un programa para la reparación a las víctimas", indicó.
Para ello, los jefes de los servicios mencionados se comprometieron a elaborar los preproyectos legislativos, en tres semanas, luego de lo cual se analizarán en conjunto para presentarlos al parlamento.
En cuanto a cómo se asegurará que estas propuestas tengan un trámite legislativo rápido, Gómez indicó que sostendrá reuniones con los jefes de bancadas parlamentarias de todos los partidos políticos, estimando que no deberían existir mayores obstáculos por la buena acogida que tuvieron los anuncios por parte de todos los sectores políticos.
Asimismo, señaló que estas propuestas serán presentadas en un sólo paquete de medidas.
Estas se refieren a que ante la ocurrencia de delitos graves, como abusos sexuales, violación, homicidios, secuestros, robos con violencia y desapariciones, el titular del tribunal pasará a tener dedicación exclusiva para su investigación, mientras que el secretario de la judicatura lo reemplazará en sus funciones habituales.
Este mecanismo será aplicado en todas las regiones en que la Reforma Procesal Penal no está operando, es decir, en la Primera, Quinta, Sexta, Octava, Décima, Undécima, Doudécima y Metropolitana.
Junto a ello se crearán nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, junto con proponer el incremento de los ministros que las componen, a fin de facilitar el nombramiento de ministros en visita.
Por otra parte, se diseñará un sistema que permitirá contar con jueces del crimen las 24 horas del día, en las mismas regiones donde no opera el nuevo procedimiento penal.
Además, se creará la Procaduría Judicial, instancia de recibir los reclamos o denuncias de los ciudadanos por eventuales ineficacias o conductas indisciplinadas de los jueces o funcionarios judiciales.
Asimismo, se implementará la existencia de un registro de ADN de todos los condenados por delitos graves, para facilitar su persecución policial y los resultados de las investigaciones, lo cual estaría en manos del Servicio Médico Legal.
En cuanto a las iniciativas que no necesitan leyes para entrar en funcionamiento, el ministerio de Justicia creará en un plazo de 120 días un programa de atención integral a las víctimas de delitos graves, el cual tendrá una cobertura nacional, ya que estará presente en todas las capitales de región y en las comunas con un alto nivel de población.
Junto a ello, se creará un registro nacional de apreensiones dictadas por todos los tribunales de justicia, que deberá estar operando en 90 días y estará a disposición de los jueces, el ministerio Público, Investigaciones, Carabineros y Gendarmería.
