SANTIAGO.- El Estado chileno estaría arriesgando una sanción moral internacional al no acatar el fallo dictado en febrero pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al país por haber censurado la película "La Ultima Tentación de Cristo" y estableció un plazo de seis meses para su exhibición.
Así lo anunciaron hoy los abogados y acusadores ante el organismo internacional por el caso del filme impugnado por organizaciones conservadoras, Matías Insunza, Alex Muñoz y Claudio Márquez.
Los profesionales, que también le habrían solicitado al Consejo de Calificación Cinematográfica mediante una carta enviada en julio pasado que recalificara la película, sin que aún tengan una respuesta, explicaron que este organismo tiene las herramientas jurídicas para "exhibir, si quiere, la película".
Esto, agregó Insunza, porque por vía del "decaimiento de los actos administrativos" el fallo que prohibió en 1989 la exhibición de la película quedaría sin efecto ante la entrada en vigencia del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificado por Chile en 1990.
En este sentido, precisó Insunza, "la administración pública tiene la obligación de dejar sin efecto todos los actos que devengan ilegales", como seguir rigiéndose por la resolución de 1989.
Respecto al fallo de la Corte Suprema en junio de 1997, que también prohibió la proyección de la cinta, los profesionales sostuvieron que éste tampoco tendría efecto ya con la sentencia se dejó en vigencia el acto administrativo del 89 que censura la película y que actualmente, y de acuerdo a la resolución de la Corte Interamericana, sería "ilegal".
La situación, que a juicio de los profesionales es el resultado de una "falta de voluntad política" para cambiar los hechos, también evidencia "el grado de complicidad con la censura", porque, según Alex Muñoz, "no existe argumentación alguna para que siga manteniéndose esta situación".
Por su parte, Claudio Márquez calificó el hecho como "una vergüenza" y llamó al Gobierno para que se pronuncie al respecto "porque -explicó- no se trata simplemente de una película, si no que está en juego la libertad de expresión".
Precisó que lo que está cometiendo el país "es un suicidio diplomático", añadiendo que está arriesgando "su prestigio internacional por el incumplimiento de sus tratados internacionales y exponiéndose al reproche de la OEA en su conjunto".
En este sentido, Márquez ejemplificó señalando que la política fronteriza del país se basa en sus tratados internacionales, por lo que si estos se incumplen se pone "en riesgo el respeto que nos hemos ganado durante décadas".
