SANTIAGO.- El juez Juan Manuel Muñoz, quien investiga la presunta conexión en Chile de una red de financiación del grupo islámico Hezbhola, dictó orden de arraigo contra dos ciudadanos libaneses, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Arafat Ismail y Mohamed Alí, quienes trabajaron con un socio del empresario Assad Ahmad Barakat, el libanés sospechoso de financiar eventuales actividades terroristas mediante sociedades ubicadas en la zona franca de Iquique.
Ambos no podrán salir del país en un período de 30 días, contados desde la semana pasada, cuando el magistrado dictó la orden.
El abogado de Arafat Ismail, Francisco Yaber, aseguró que su cliente no tiene ninguna relación con la investigación que instruye Muñoz.
Sin embargo, reconoció que Ismail, quien llegó a Chile hace tres meses, trabajó con Khalil Saleh, un socio del empresario Assad Ahmad Barakat, hasta hace un mes atrás.
Arafat Ismail prestó declaración ante la policía de Investigaciones (civil) la semana pasada, tras lo cual quedó bajo arraigo.
A comienzos del mes, el Gobierno reconoció que las policías estaban investigando los presuntos lazos en el país de una red de financiación del grupo Hezbhola en América del Sur.
Con ese argumento, el Ministerio de Interior presentó ante los tribunales un requerimiento basado en normas de la Ley Antiterrorista en el que solicitó que se investigara el asunto.
En respuesta a esta petición, la Corte de Apelaciones de Santiago designó, el 9 de noviembre pasado, como juez especial (con amplias facultades) para investigar a Juan Manuel Muñoz.
Hasta el momento, el juez Muñoz ha dictado una orden amplia de investigar a la jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones (JIPOL), autorizándola a realizar diligencias con amplias facultades.
Además ha recibido una serie de informes relacionados con la supuesta detención ilegal de ciudadanos árabes en Iquique.
