SANTIAGO.- A mediados de la próxima semana, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, dará una respuesta final respecto a la iniciativa de declarar feriados legales los días 24 y 31 de diciembre.
Ello, tras entrevistarse con representantes de los trabajadores y de los empresarios, donde recogió las opiniones de esos sectores en torno al tema.
Así lo dio a conocer el secretario de Estado, luego de recibir órdenes expresas del Presidente de la República, Ricardo Lagos, para pronunciarse sobre la petición formulada por la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (Anef) y que luego fue respaldada por los presidentes de ambas corporaciones del Congreso, el senador Andrés Zaldívar y el diputado Luis Pareto.
Estos legisladores incluso manifestaron su disposición a realizar una sesión extraordinaria en el Congreso con el objetivo de aprobar una legislación idónea para que esos dos días previos a las fiestas de fin de año -que caen día lunes- puedan ser declarados de descanso.
"Yo soy partidario de buscar alguna forma de regularlo", indicó Insulza, al precisar que hay plazo hasta el 18 de diciembre para presentar una iniciativa de este tipo, pero que previo a ello quiere recoger las posiciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
En cuanto a las críticas del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira, referidas a que alcaldes de la Concertación han utilizado los planes de empleo fiscal como elementos de cohecho para captar votos hacia los candidatos a legisladores del oficialismo, Insulza descartó esa posibilidad indicando que eso no es posible.
Al respecto, recordó que en este año recibió quejas permanentes de los jefes comunales de los distintos sectores políticos por la disminución de los programas de empleo fiscal que dependen directamente de los municipios.
"Entonces yo creo que la crítica del diputado Moreira debe haberse confundido con la pauta que usaban el año pasado para la elección municipal, porque este año la mayor parte de los planes de empleo no han sido a través de los municipios", comentó sonriente.
Junto a esto, descartó que el Gobierno pueda suspender las inauguraciones de nuevas obras públicas para no ser acusado de intervencionismo electoral, indicando que estas ceremonias se realizan todo el año y no sólo durante períodos de elecciones.
Asimismo, aseveró que los parlamentarios de todos los sectores son invitados a estas actividades y que es de su criterio asistir o no.
En otro tema, reconociendo que las inversiones para publicitar las campañas de los candidatos al Congreso han sido millonarias, el jefe de gabinete destacó que, más allá de ello, está preocupado por la serie de indicaciones que han presentado los parlamentarios de la Alianza por Chile al proyecto de ley que pretende regular este gasto y transparentar sus orígenes.
"En concreto los senadores (Marcos) Cariola, (Rodolfo) Stange y (Beltrán) Urenda, más la senadora (Evelyn) Matthei, ellos compiten en hacer que la ley de gasto electoral no sirva para nada", sostuvo al mencionar que han planteado descontar una serie de aspectos relacionados a este fin o aumentar el límite propuesto por el Ejecutivo.
En ese sentido, explicó que lo planteado por el Gobierno fue fijar un máximo de 300 pesos por elector en las distintas circunscripciones senatoriales o distritos de diputados, mientras que esos legisladores han establecido un límite de 1.000 pesos, que significarían 1.000 millones de pesos para un candidato de la Región Metropolitana.
"La preocupación mía es que los candidatos no solamente gastan, sino que tampoco escarmientan, o sea que tampoco se preparan para gastar menos en la próxima elección, sino que los senadores de oposición presentan indicaciones para gastar más en la próxima elección", dijo.
Junto a ello, el secretario de Estado estimó que los postulantes al Congreso de la oposición han gastado el triple en propaganda electoral que los candidatos de la Concertación.
