SANTIAGO.- La Segunda Sala de la Corte Suprema ordenó la libertad del empresario Feliciano Palma, quien estuvo involucrado en los delitos de fraude al Fisco con la quiebra fraudulenta de la compañía de su propiedad Lozapenco y por la falsificación de programas computacionales.
La medida, votada unánimemente por el tribunal, revocó un fallo dictado anteriormente por la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenaba a Palma continuar encarcelado.
La libertad le fue concedida a raíz de la Ley 19.736, denominada Ley de Jubileo que impulso la Iglesia Católica, que propende a que reos que cumplan una condena menor a cinco años o que padecen enfermedades terminales.
El empresario estaba preso desde 1992 por dos sentencias judiciales dictadas en su contra: La primera por siete años por fraude al Fisco, la cual ya habría cumplido y la segunda de cuatro años, de los que aún le quedaban por cumplir ocho meses.
Feliciano Palma permanecía recluido en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel y quedó en libertad incondicional a las 18.00 horas del lunes, dirigiéndose de inmediato hacia su hogar donde actualmente se encuentra junto a su familia y en buenas condiciones de salud.
En Chile, Palma fue condenado a 11 años de prisión y al pago de impuestos por un total de 40.000 millones de pesos y una multa de un 300 por ciento de ese valor.
En la localidad de Penco, Feliciano Palma Matus (46) aún es recordado como el hombre que llevó a Lozapenco, el club deportivo local, desde la tercera división al fútbol profesional, dejando atrás la mala racha del equipo de la Octava Región.
Fue acusado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de obtención fraudulenta de devoluciones de IVA y evasión de impuestos, transformándose así en el autor del mayor delito tributario descubierto en la historia financiera del país.
El monto de la estafa alcanzó 46 millones de dólares, de los cuales 15 millones de dólares habrían ido a parar a sus bolsillos y de los que nunca más se supo.
Utilizando las instalaciones de Lozapenco -empresa que se adjudicó en 1982- como base operativa, este ingeniero comercial de la Universidad de Concepción se las arregló para crear un particular mecanismo de exportación: desde Lozapenco vendía a otra de sus filiales, la empresa Exportadora Industrial Ltda., productos sanitarios a casi nueve veces su valor real. Tras efectuar la venta, dicha operación era anulada y se procedía a efectuar una doble facturación.
La primera factura iba hacia Estados Unidos y la segunda era utilizada en Chile para recuperar el IVA. Pero eso no fue todo. Creó una nueva empresa, llamada Agrícola Forestal Penco Ltda., a través de la cual logró exportar piedras, palos de escoba y desechos de madera.
Mediante operaciones de esta naturaleza no sólo ganaba por concepto de devolución de IVA, sino que por la recuperación de un 10 por ciento de reintegro a las exportaciones no tradicionales.
Tras una serie de pesquisas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) acusó a Feliciano Palma, en abril de 1990, de obtención fraudulenta de devoluciones de IVA y evasión de impuestos. A estos cargos, se le agregaron los de presentación de documentos falsos a la hora del reembolso de impuestos, quiebra fraudulenta de Lozapenco y recepción fraudulenta de subsidios de exportación, presentados por el Banco Central, la Fiscalía Nacional de Quiebras y el Consejo de Defensa del Estado, respectivamente.
Como un acto reflejo, Palma huyó hacia Argentina, para finalmente recalar en Nueva York, previas escalas en Brasil, Milán y Londres. Una vez en Estados Unidos, este empresario adquirió un nuevo pasaporte en el consulado chileno y se casó con Anne Herzeg, una ciudadana canadiense, de 22 años, radicada en ese país.
Pese a esta maniobra, la Corte Suprema inició los trámites para su detención preventiva y posterior extradición a Santiago, la que se materializó en marzo de 1992.
En Chile, Palma fue condenado y después de transitar por las cárceles de Colina II, San Miguel y Capuchinos, en 1996 obtuvo el beneficio de libertad diaria.
Feliciano Palma habría vuelto a las andadas y reeditó, en menor cuantía y otra vez sin éxito, el mismo fraude que lo catapulto a la fama a comienzos de los anos de 1990: abultar exportaciones para luego pedir el reintegro de 10 por ciento, sistema que estimula los envíos no tradicionales.
Sin embargo, se está en una etapa muy preliminar para volver a condenar al acusado y según reconocen fuentes cercanas a la investigación desarrollada por Aduanas, desde octubre de 1997, no hay evidencias concluyentes respecto de la participación de Palma.
Todo comenzó en 1997, por casualidad, cuando Aduanas decidió investigar el mercado de los software por considerarlo altamente vulnerable a los fraudes, ya que en un disquete cabe cualquier cosa y su valor es muy difícil de determinar. Fueron rastreadas seis empresas exportadoras de programas -de las cuales en dos se detectaron irregularidades- y lo primero que les llamó la atención fue la propiedad de una de ellas. Se trataba de Chile Sistemas e Ingeniería de Software Limitada, cuya dueña es Margarita Germany Pincheira y la sociedad Comercial San Damián S.A.
En el caso de Germany, no sólo produjo sospecha el que fuera la señora de Feliciano Palma, sino también su profesión que nada tiene que ver con el giro de la empresa.
Por su parte, comercial San Damián también es propiedad de Germany y el lugar donde hasta el día de hoy Palma trabaja en calidad de asesor.
De acuerdo con los antecedentes entregados hasta ahora por el Servicio Nacional de Aduanas, desde que inició la investigación, la empresa Chile Sistemas e Ingeniería de Software Limitada -propiedad de Margarita Germany- alcanzó a realizar 10 operaciones de exportación. Estas tuvieron como destino Estados Unidos y sumaron un monto de 2.800.000 de dólares.
Según Aduanas, el modus operandi de la empresa era simular la exportación de software y posteriormente cobrar, indebidamente, el reintegro de derechos, monto que a la fecha totaliza 76 millones de pesos.
La investigación, que se realizó en forma conjunta con la Aduana norteamericana, descubrió, además, que los envíos se realizaban a la empresa importadora Archer Corporation de ese país, la cual no tendría existencia legal, por lo que el pago correspondiente a la venta de dichos programas jamás retornó a Chile. Más aún, al ser interrogado el representante de Archer Corporation, Eduardo Bunster, por los agentes estadounidenses, éste reconoció que la firma pertenecía a Feliciano Palma.
