SANTIAGO. La carrera de Mario Garrido Montt en el poder judicial ha sido vertiginosa. Ingresó a él el 8 de febrero de 1955 como secretario del Juzgado del Crimen, Civil y de Minas de Tal Tal.
El 20 de abril de 1955 fue nombrado juez de mayor cuantía en Andacollo. Un año después lo enviaron al sur de Chile, donde asumió como juez de Calbuco, en octubre de 1956, y más tarde como juez de Itata, en enero de 1957.
El 12 de septiembre de 1959 fue designado juez de Puente Alto y, al año siguiente, era juez titular del Segundo Juzgado de Rancagua. El 12 de abril de 1962 llegó a Santiago, esta vez como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago.
No pasó mucho, ni tres meses, y fue nombrado juez del Tercer Juzgado Civil del Crimen. Dos años después, en 1964, pasó a integrar la Corte de Apelaciones de Iquique.
El 1 de abril de 1966 fue trasladado como titular a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, para volver definitivamente a Santiago, el 27 de marzo de 1979, como miembro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en ese entonces llamada Pedro Aguirre Cerda. Ese mismo año, en octubre, pasó a integrar la Corte de Apelaciones de Santiago, donde en 1990 fue ministro en visita por el atentado en contra del general Gustavo Leigh.
Finalmente en agosto de 1992 llegó a la cúspide de su carrera: una oficina y sillón propio lo esperaban en la Corte Suprema.
Especialista en derecho penal se desempeñó, además, como profesor en esta materia en las universidades de Chile, Diego Portales y Universidad Central.
Fue también director del Instituto de Ciencias Penales y director del Capítulo Chileno de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
Durante su carrera se caracterizó por ser uno de los ministros más críticos con respecto al sistema judicial. Según él, éste se encontraba obsoleto y "totalmente colapsado". De ahí su interés cuando se comenzó a hablar de un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal. Es más, fue uno de los cuatro miembros del máximo tribunal designados por el presidente de dicha entidad, Marcos Aburto, para que intervinieran en la discusión sobre las reformas.
En 1993 fue partidario dos veces de nombrar un ministro instructor en el caso del crimen de Carmelo Soria.
El 26 de enero de 1999 le tocó resolver sobre el desafuero del senador Francisco Javier Errázuriz. En dicha ocasión estuvo entre los ministros que decidieron ratificar la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de desaforar al parlamentario. El argumento para dicha decisión fue que de la investigación del juzgado de Pichilemu se desprendía la existencia de hechos que presentaban caracteres de delito y la "concurrencia de fundadas sospechas que habilitan al tribunal correspondiente para perseguir la posible responsabilidad (del senador)".
Sin embargo, una de las decisiones más importantes que le ha tocado tomar la realizó en el marco de la petición para desaforar al general (r) Augusto Pinochet. En dicha ocasión era considerado uno de los ministros "incógnita": si bien se le estimaba cercano a la Concertación no había intervenido en fallos de derechos humanos que ayudaran a establecer su posición en el nuevo caso.
En el fallo por el desafuero al senador Pinochet, dado a conocer el 08 de agosto de 2000, su votación fue a favor.
No obstante, si había dudas sobre su posición, pronto éstas quedaron resueltas. Ello porque sus decisiones a lo largo del juicio fueron claramente contrarias al ex uniformado.
