SANTIAGO.- "La Reforma Procesal Penal se encuentra funcionando en forma eficiente, moderna y transparente", aseguró hoy el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al dar a conocer un balance de lo realizado el 2001 en las cinco regiones donde está instaurado el sistema.
El secretario de Estado dijo que hasta el momento se han cumplido todas las metas fijadas cuando se puso en marcha la reforma y se espera que a finales de año entren nuevas regiones al proceso de modernización de la Justicia, estando completado éste el año 2004 cuando se incorpore la Región Metropolitana.
Gómez destacó que el 61 por ciento de las causas tramitadas por el Ministerio Público en las regiones Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Novena se encuentran terminadas, y el 98 por ciento de las sentencias dictadas han sido condenatorias, mientras que sólo un dos por ciento han sido absolutorias.
El funcionario de Gobierno sostuvo que los objetivos fundamentales del nuevo proceso penal -garantizar un juicio justo y mejorar la eficacia de la persecución penal- se han cumplido con creces.
Las características fundamentales del nuevo sistema que destacó Gómez son la imparcialidad, transparencia, inmediación, concentración, atención a las víctimas y defensa letrada, puntos que dan forma al debido proceso que es la garantía básica de un Estado democrático.
En la oportunidad, el ministro agradeció la labor de todos los organismos que están trabajando en el desarrollo de la reforma penal y en la búsqueda de falencias para poder superarlas.
Uno de los puntos importantes para el desarrollo de la tarea es el esfuerzo legislativo, el cual ha significado que a marzo de 2000 se encontraba pendiente la aprobación del nuevo Código Procesal Penal que se logró tras seis meses de trabajo y ahora ya está vigente.
También valoró la aprobación de la ley que cambia la gradualidad de la reforma, debido a que no era posible cumplir la entrada del sistema en las fechas como estaba planificado originalmente "adelantando las regiones Primera, Undécima y Duodécima, y retrasando la Región Metropolitana al 2004".
Actualmente en el Congreso, en segundo trámite legislativo, se encuentra el proyecto que introduce ajustes al Código Procesal Penal para fortalecer las atribuciones policiales para que cumplan una labor más eficiente en la prevención y represión de la delincuencia.
"Estas reformas las realizaremos en base a un estudio realizado por un equipo técnico, que detectó falencias en la reforma que se refieren a los delitos menores que la gente tiene la sensación de que no son castigados en forma oportuna", señaló.
Otro proyecto que está en tercer trámite legislativo es el que se refiere a normas adecuatorias, el cual modifica leyes que regulan entre otros aspectos la ley de drogas, alcohol y menores.
"Esto significa la modificación de alrededor de 68 textos legales como la Ley de Drogas, el Consejo de Defensa del Estado, la Ley de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos", sostuvo.
Durante el balance de lo que ha sido la puesta en marcha del proceso, Gómez dio a conocer los costos de la reforma que significó en el inicio tener una propuesta de 258.000 millones de pesos que serían gastados en el nuevo sistema.
Esta cifra se desglosa en 141.000 millones en el Poder Judicial, 89.000 millones en el Ministerio Público y 28.000 millones en la Defensoría Penal Pública.
"Se asumió un trabajo con Hacienda para aumentar en un 32 por ciento de las cifras originales, lo que significa aumentar el presupuesto de la reforma en 83.000 millones de pesos, lo que nos da un total de 341.000 millones de pesos", afirmó.
El secretario de Estado mencionó que hasta la fecha su cartera ha entregado recursos por 55.500 millones de pesos, de los cuales 36.000 millones fueron al Poder Judicial, 15.000 al Ministerio Público y 4.500 a la Defensoría Penal Pública.
En tanto, la Ley de Presupuesto para este año entregará 62.000 millones de pesos que significarán la continuidad del proceso y la instauración del sistema en nuevas regiones.
Además, y con objeto de fortalecer los servicios auxiliares -Gendarmería, Registro Civil y Servicio Médico Legal- se aumentó el presupuesto en 8.000 millones por los trabajos que realizan diariamente.
Adicionalmente, sostuvo Gómez, el presupuesto para el 2002 entrega recursos adicionales por 3.000 millones a las dos policías, que serán destinados a la habilitación y operación de laboratorios especializados en regiones.
Resumiendo lo anterior, el secretario de Estado dijo que por efecto de la reforma se han entregado a la fecha recursos por 129.000 millones de pesos.
Infraestructura y Tecnología
En cuanto a la infraestructura y tecnología, los juzgados de garantía y tribunales de la reforma significarán un costo de 180.000 millones de pesos, con los que se construirán 328 nuevos edificios de los que 82 son nuevos tribunales.
En la primera etapa de puesta en marcha de la reforma -Cuarta y Novena regiones- se han construido 11 nuevos edificios, mientras que tres están en proceso de edificación con un monto de inversión de 9.993 millones de pesos.
Para la segunda etapa, en las regiones Segunda, Tercera y Séptima, se construirán 14 nuevos edificios con una inversión de 11.828 millones de pesos.
"Esto es una demostración clara de lo que significa la reforma desde el punto de vista del desarrollo urbano, de la inversión en función de que se haga un buen trabajo", precisó.
El ministro Gómez explicó que las nuevas construcciones permitirán a las víctimas estar separadas de sus agresores, lo que significa "una estructura diferente a lo que hoy se conoce en el Poder Judicial y en Chile".
En la tercera etapa, que será este año, se deberá contar con cinco nuevas construcciones en las regiones Primera, Undécima y Duodécima, cuyo monto de inversión alcanzará a los 5.712 millones de pesos.
En tanto, para la implementación de la cuarta etapa el 2003, cuando entran en funcionamiento las regiones Quinta, Sexta, Octava y Décima, se requieren 43 nuevos edificios con un monto de 34.258 millones de pesos.
Respecto a la entrada de la Región Metropolitana, quinta etapa del proceso el 2004, Gómez explicó que la idea es tener centros de justicia donde estén todos los organismos judiciales cerca para evitar problemas de seguridad.
"En el caso del terreno de Famae debería estar la cárcel, los juzgados, las oficinas del Registro Civil y Médico Legal en ese lugar para que el desarrollo de la actividad judicial sea más eficiente", afirmó.
