SANTIAGO.- A casi un año de la entrega del informe de las Fuerzas Armadas sobre los más de mil desaparecidos durante el Gobierno Militar, los familiares de las víctimas hicieron hoy un negativo balance y aseguraron que en Chile "se mantiene la impunidad".
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) consideró que los datos aportados por los militares fueron una "farsa" que se ha traducido en nulos resultados, debido a que apenas se han encontrado algunos cuerpos.
"El informe sólo acrecentó nuestra impotencia y se transformó en la gran mentira institucionalizada, en la que participaron los propios victimarios, las iglesias, el Gobierno, abogados y quienes se arrogaron el derecho de representar a la sociedad civil", afirmó la presidenta del organismo, Viviana Díaz.
Díaz señaló que los pocos restos hallados este año en diversas fosas clandestinas no son mérito del documento entregado por los militares al Presidente de la República, Ricardo Lagos, el 5 de enero de 2001, debido a que no fueron ubicados a partir de esa información.
Las osamentas fueron encontradas en su mayoría debido al trabajo de jueces especiales que llevan las causas de desaparecidos desde febrero pasado.
El secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Luciano Fouilloux, reconoció que hubo "errores" en los datos.
En ese sentido, dijo que aún falta mucha información para encontrar a todos los desaparecidos, pero expresó su confianza en que en el futuro se pueda seguir avanzando.
"Antes de la Mesa de Diálogo no había indicios categóricos" al respecto, señaló, aunque reconoció que la falta de resultados se pudo deber a que existe una posibilidad fuerte de que muchos de los cuerpos hayan sido removidos.
De acuerdo a cifras extraoficiales, a un año del informe se han ubicado unas 350 piezas óseas que pertenecerían a no más de 21 personas, de las que sólo han sido identificadas 7.
Se trata de Juan Luis Rivera Matus, Renán Vera, Manuel Plaza Arellano, Miguel Muñoz Flores, René Linsambarth, Horacio Zepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, todos los cuales fueron identificados a través de unas pocas osamentas y luego entregados a sus familiares.
Entre éstos se cuenta parte de la cúpula del Partido Comunista (PC), que desapareció en 1976, y el caso más emblemático de los errores contenidos en el informe, el de Juan Luis Rivera Matus.
De acuerdo al documento, el militante del PC había sido arrojado el mar, donde sus familiares hicieron un funeral simbólico, pero luego sus restos aparecieron en el Fuerte Arteaga del Ejército, en Colina, a 50 kilómetros al norte de Santiago.
El informe fue elaborado por las Fuerzas Armadas y de Carabineros después de adquirir el compromiso en la llamada "Mesa de Diálogo" que reunió entre agosto de 1999 y mayo de 2000 a altos jefes militares, representantes del Gobierno y de las diversas iglesias en la búsqueda de un mecanismo para dar con los restos de los desaparecidos y contribuir así a la reconciliación.
Su entrega al Gobierno fue la antesala de la apertura y posterior cierre del proceso por 75 crímenes contra el desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet y marcó además el gesto más contundente de los militares del alejamiento de su figura.
En este documento, que fue dado a conocer por el Presidente Lagos el 7 de enero de 2001, los militares reconocieron por primera vez las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el Gobierno Militar.
Además, entregaron luces sobre la ubicación de 200 desaparecidos, de los cuales señalaron que 151 fueron arrojados al mar, ríos o lagos, mientras el resto se encontraba sepultado en fosas clandestinas en diversos lugares del país.
Este informe motivó la reapertura de varios procesos y el nombramiento de jueces especiales con dedicación exclusiva o preferente para investigar los casos, varios de los cuales, no obstante, fueron sobreseídos por la aplicación de la Ley de Amnistía o la prescripción por el concepto de "cosa juzgada".
Aunque inicialmente su labor debía extenderse durante 3 meses, la Corte Suprema prorrogó sus funciones por otros 90 días en diciembre pasado y el Ministerio de Hacienda dispuso 250 millones de pesos para el funcionamiento del sistema.
