SANTIAGO.- El diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Antonio Leal, reiteró hoy la ilegalidad en que incurriría el registro nacional de partes sin éste comienza a funcionar, debido a que existen normativas que indican claramente que no se puede aplicar la retroactividad de sanciones.
Leal señaló que el registro de multas no puede conformar su base de datos a partir de los partes emitidos en los últimos dos años a través de los fotorradares.
En la oportunidad, el legislador explicó que lo anterior se debe a que muchos partes no llegaron a través de los jueces de policía local a los conductores, sino que fue por medio de los departamentos de tránsito de los municipios.
"Hay centenares de personas que no han recibido del juzgado de policía local el parte, sino que lo han recibido o de la empresa de fotorradares o del departamento del tránsito de la municipalidad, lo que es ilegal", precisó.
El legislador sostuvo que si se llega a aplicar la retroactividad, una gran cantidad de automovilistas se verán afectados en el sentido de que no podrán sacar los permisos de circulación en marzo próximo.
En ese sentido, el diputado afirmó que el registro para que tuviera respaldo legal debería haber comenzado a funcionar a partir del momento en que entró en vigencia un decreto sobre el tema, el cual fue publicado el 31 de diciembre de 2001.
"El Gobierno tiene un compromiso con los automovilistas en orden a que este registro debe involucrar los partes sólo a partir de enero de 2002, por tanto este registro no involucra de ninguna manera el tema de las patentes a partir de marzo, sino que a partir de marzo de 2003", afirmó.
Este aspecto quedó establecido durante un congreso de jueces de policía local que se realizó en octubre del año pasado en La Serena, donde se acordó que el registro no podía aplicar la retroactividad.
Sin embargo, un grupo de 11 jueces se opuso al acuerdo y presentaron un requerimiento en los tribunales para aplicar la retroactividad, pasando a llevar normativas que están vigentes.
Leal precisó que la actitud de estos jueces podría estar ligada a intereses con las empresas de fotorradares, porque "no me explico cómo un grupo de jueces recurre ante los tribunales en contra de la mayoría de los jueces de policía local, quienes han dado una interpretación a la norma y que los legisladores compartimos claramente".
"Nunca pensamos que habiendo un acuerdo de los jueces de policía local, un grupo de ellos recurría a los tribunales. No sabemos qué es lo que hay detrás de esta actitud de los jueces, si hay una actitud para separar de su cargo al presidente de la asociación de jueces, si hay alguna alianza con las empresas de fotorradares, no conocemos cuál es el móvil de los jueces", se preguntó el parlamentario oficialista.
Por tal razón, indicó que el próximo martes recurrirá ante la Corte de Apelaciones contra la acción de los magistrados, con el objetivo de establecer en ellos que el registro de partes morosos no tenga la retroactividad.
Además, anunció que mañana lunes presentará en el Congreso el proyecto de ley que regula esta situación, debido a que si la acción de los jueces fructifica "vamos a normar por ley y vamos a establecer por ley que este registro no es retroactivo y le vamos a pedir al Gobierno que le dé suma urgencia".
Explicó que sería nocivo que se aplicara este punto y que se pueda dificultar la posibilidad que los automovilistas puedan obtener sus patentes en marzo de este año "por deudas que muchas son inciertas, fraudulentas porque se trata de partes que han sido cursado a través de fotorradares en un sistema que ha fracasado".
Sostuvo que el tema de los fotorradares quedó catalogado como un sistema diseñado no para disminuir la tasa de accidentes de tránsito, sino que "para obtener recursos".
En tanto, el presidente de la Asociación de Automovilistas, Héctor Precht, afirmó que una de las municipalidades que más recursos percibe por concepto de fotorradares, es la de Pedro Aguirre Cerda, a cuyas arcas ingresan más de 1.500 millones de pesos al año.
"El dinero se lo sacan a la pobre gente trabajadora que tiene la mala suerte de transitar por esa comuna. Están desvalijando a la gente y están en un anacronismo legal", mencionó.
Actualmente en el país se cursan cerca de un millón de partes al año, de los cuales 400.000 son por concepto de fotorradares lo que implica 30.000 millones de pesos al año.
Asimismo, anunciaron que de no prosperar las iniciativas legales para evitar este hecho, en marzo próximo podrían adoptar medidas que es el llamado a los automovilistas a no renovar sus permisos de circulación.
