SANTIAGO.- Las direcciones de obras de los municipios de Talagante y Maipú, comunas donde se emplazarán los rellenos sanitarios que desde el 1 de mayo reemplazarán a Lepanto, estarían arriesgando demandas millonarias al poner "trabas injustificadas" a las solicitudes de edificación presentadas por las empresas responsables de ambos proyectos.
Así lo aclaró hoy el alcalde de Cerrillos y presidente de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos (Emeres) concesionaria del basural ubicado en la comuna de San Bernardo, quien además se manifestó confiado en que los plazos puestos por la resolución del Servicio de Salud del Ambiente (Sesma) se cumplirán.
"Los directores de obras tienen la obligación legal de dar los permisos si las empresas cumplen con todas las obligaciones que la ley les ha impuesto" porque incluso -agregó- "se arriesgan a que el día de mañana las empresas los demanden por el lucro cesante".
En este sentido, indicó que todo ciudadano tiene la obligación de dar cumplimiento a las resoluciones legales y administrativas cuando se está en condiciones de cumplir, pero en el caso de surgir situaciones ajenas a la voluntad no pueden intervenir por lo que en este caso será el seremi de la Vivienda, quien ya tiene todo los antecedentes del caso, quien deberá pronunciarse el próximo 22 de enero.
Añadió que el problema de la basura no es un asunto que sólo le compete a Emeres, ni a las empresas concesionadas, ni al intendente, ni al Gobierno, "es un problema regional, cuando todos estamos empeñados en cerrar Lepanto", advirtiendo que "las autoridades tienen la obligación, si hay lomos de toro ver como los sortean".
Sin embargo, adelantó que de no cumplirse con las fechas será el Gobierno regional el que deberá decidir hacia qué vertedero tendrán que llevar sus basuras los municipios, tal cual se hizo en 1995 cuando se cerró Lo Errázuriz y se dispuso que fuera Lepanto su reemplazante.
Por su parte, el intendente metropolitano, Marcelo Trivelli, confirmó que su administración está "preocupada" por cumplir con los plazos fijados y que si ello no es así "estamos en estudio de soluciones alternativas con el Sesma y CONAMA Metropolitana".
Respecto a la situación que se avecina cuando a partir del 1 de marzo, de acuerdo a la resolución del Sesma, Lepanto deba comenzar a bajar gradualmente las toneladas de basura que recibe, el gerente de la firma, Juan Peribonio, aclaró que es una materia que se resolverá "en orden y lo más objetivamente" posible.
No obstante, no se descarta que dichas toneladas vayan a parar al relleno sanitario que KDM tiene en la Sexta Región, si Santa Marta no está listo. Una determinación que deja en una incómoda situación a los municipios que verán cómo aumenta de 4.333 pesos a más de 8.000 el precio de la tonelada de basura que botan.
Un costo que a juicio de Almendares no corresponde pagar a Emeres, para el que tampoco los municipios están capacitados, y que de acuerdo a la luz de los antecedentes en caso de intervenir la justicia le corresponderá asumir al municipio que ellos acusan como responsable por poner trabas al proyecto, es decir, Talagante.
"Las empresas tienen contratos para entrar en operación y si hay causas externas que impiden eso, como las trabas puestas por los municipios, le dan un argumento enorme a la empresa ante los tribunales, por lo que si la obligación no se cumple por causas ajenas, imputables a un tercero, entonces ese tercero debe pagar y si hay un fallo judicial tendrá que hacerlo", precisó.
Almendares realizó estas declaraciones tras dar a conocer un balance positivo, con un excedente de más de 53 millones de pesos, conseguidos durante su primer año de gestión que comenzó a principios de 2000.
