SANTIAGO.- Un completo estudio que determina causas, condiciones y consecuencias del trabajo infantil en Chile entregó hoy el ministerio del Trabajo y Previsión Social, como una forma de profundizar los conocimientos sobre este problema y coordinar esfuerzos para su erradicación.
El análisis que se publicó por medio de una edición especial del documento "Observatorio Laboral", con fuentes de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2000 y de la Encuesta laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del trimestre abril-junio del 2001, reveló la existencia actual de 64 mil 954 niños y adolescentes que componen la fuerza de trabajo infantil en el país.
Según el texto, la mayor parte de los menores que trabajan pertenecen a los segmentos más pobres de la población, condición que se agrava cuando la jefatura de hogar la posee una mujer y ésta no tiene el apoyo económico del progenitor de los niños.
En este caso, el ingreso de la jefa de hogar es menor que el de un hombre, por lo que los hijos aportan hasta el 20% de los fondos de subsistencia de la familia.
El estudio indicó que el 76% de los niños que no asiste regularmente a la escuela pertenecen a los sectores de más escasos recursos, y en circunstancias adversas la familia prefiere enviar a sus hijos a estudiar y las niñas quedan a cargo de las labores hogareñas.
Uno de las cifras más significativas es la que dice relación con la deserción escolar. Así se verificó que en niños adolescentes el 51% de las causas para faltar a la escuela están asociadas a realizar un trabajo remunerado, mientras que en las niñas el 31% tiene que ver con realizar labores domésticas.
Con este estudio se buscó obtener una radiografia de las características del trabajo infantil en Chile, dado que los actuales instrumentos de medición como la encuesta de hogares lo subestiman.
Además se instó a coordinar los esfuerzos en pos de la materialización del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que plantea una serie de desafíos a la sociedad para evitar el trabajo ilegal de niños menores de 15 años, mejorando paralelamente la protección de los adolescentes que trabajan amparados por ley.
