SANTIAGO.- El ministro de Interior, José Miguel Insulza, informó esta tarde que el gobierno solicitará a la justicia chilena que pida la extradición a su par de Brasil de Mauricio Hernández Norambuena y el resto de los chilenos presuntamente implicados en el secuestro del empresario Washington Olivetto, si es que tuvieran responsabilidades de las que responder ante la Justicia chilena.
La autoridad de gobierno anunció además que mañana partirán hacia Brasil dos funcionarios de Investigaciones, con conocimientos en el caso, para que recopilen todos los antecedentes para tener la plena identificación de los detenidos.
Insulza aclaró que pese a que los secuestradores chilenos probablemente serán juzgados en Brasil, como lo estipulan las leyes del país, de todas formas el gobierno de Chile va a pedir al juez, Lamberto Cisternas –magistrado que lleva la investigación por la fuga de los "frentistas" de la CAS, ocurrida en 1996- que solicite que sean extraditados a Chile.
Respecto de la crítica hecha esta mañana por la Unión Demócrata Independiente, que acusa al Gobierno de falta de diligencia en el caso de los frentistas fugados, Insulza sostuvo que la autoridad no tenía conocimiento del paradero de Hernández Norambuena ni de ninguno de sus cómplices, y agregó que se han hecho todas las diligencias para ubicarlos a través de INTERPOL, “pero ya depende de otras policías y no solamente de la nuestra, por lo tanto no nos complica el asunto”, dijo el Secretario de Estado.
Consultado sobre si existe preocupación en el gobierno por la reagrupación de grupos extremistas en el país, Insulza sostuvo que "naturalmente nos preocupa y vamos a investigar el tema, a buscar si eso tiene raíces o redes con el país".
En tanto, el ministro anunció que el gobierno apelará a la decisión tomada la semana pasada por el ministro Hugo Dolmestch de rebajar la condena de Rafael Escorza Henríquez –involucrado en el secuestro de Cristián Edwards- desde cadena perpetua a doce años y siete meses de presidio por el secuestro, y cuatro años y un día por el delito de asociación ilícita terrorista.
Insulza, argumentó la decisión señalando que la corte debe revisar adecuadamente su medida dada la gravedad del delito y el hecho de que se le haya reducido la pena en la forma en que se le redujo.
