SANTIAGO.- Las tasas de mortalidad y desnutrición infantil en Chile cayeron en la última década en forma paralela a la disminución de la pobreza en el país y al mejoramiento de las políticas enfocadas a ese sector, destacó hoy el Gobierno.
Estos avances aparecen en un informe sobre la situación de los niños en Chile que fue presentado en enero pasado ante Naciones Unidas y que la ministra de Planificación y Cooperación, Cecilia Pérez, dio a conocer hoy en el país.
De acuerdo a este documento, la tasa de mortalidad infantil pasó de un 12 por ciento en 1994 a 10,1 por ciento el 2000. Asimismo, la tasa de desnutrición en menores de seis años se redujo de 2 a 0,7 por ciento en el mismo período.
Además de estos logros, la ministra destacó la reducción de los niños y adolescentes pobres, que pasó de 26 a 20,6 por ciento entre 1994 y el 2000, mientras que la tasa de indigencia en el mismo grupo cayó desde 11,3 a 8,5 por ciento.
El Gobierno destacó que también se ha avanzado en leyes sobre filiación, adopción y delitos sexuales, y se comprometió a reformar el actual sistema de protección de los niños y adolescentes.
Esta reforma busca "desjudicializar la atención a la infancia vulnerada en sus derechos y generar una justicia penal para adolescentes, con sanciones adecuadas a la edad", señala el documento.
A pesar de estos avances en la materia, el informe reconoce que todavía hay una significativa diferencia con los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile suscribió en 1990.
En ese sentido, el comité de la ONU ante el cual fue presentado el documento estableció que existen varias áreas en las cuales aún se puede seguir avanzando en favor de los niños en Chile.
Algunas de ellas son la situación de pobreza de un quinto de los niños y niñas, la existencia de maltrato infantil familiar e institucional, la deserción escolar y el trabajo infantil.
Además, se enfatizó la necesidad de legislar sobre la edad mínima para aplicar la responsabilidad penal.
Con el objeto de nivelar la situación de los niños chilenos con los estándares establecidos en la Convención, el Gobierno se comprometió a implementar una serie de políticas pro infancia para eliminar las desigualdades económicas y mejorar el acceso a la educación, entre otros.
