SANTIAGO.- El próximo viernes, los abogados que defienden a los reclusos del módulo Alfa de Colina II solicitarán ampliar las querellas por el delito de malos tratos a apremios ilegítimos a los que habrían sido sometidos los internos.
Además de denunciar judicialmente las precarias condiciones de vida en que los reos subsisten en el recinto carcelario, el abogado Alfredo Morgado señaló en tribunales que la parte querellante seguirá hasta el final, es decir, hasta que se conozca a los verdaderos autores de los hechos.
En este sentido, el profesional se refirió específicamente a quienes cometieron los apremios, culpando a los mandos superiores de Gendarmería.
"El señor director (Hugo Espinoza) creemos que deberá declarar en su oportunidad y deberá explicar al tribunal qué grado de conocimiento tenía de esta situación, si dependía directamente de la dirección nacional el Módulo Alfa y, en definitiva, deberá responder qué hizo para evitar que estos hechos acontecieran", señaló Morgado.
Fuentes del servicio de prisiones aclararon que Espinoza se encuentra viajando regularmente entre Santiago y Copiapó para reestructurar los mandos de la cárcel de esa ciudad, luego que cinco presos se fugaran por un túnel que cruzó el recinto penal, lo que motivó que fuera dado de baja el alcaide de esa unidad.
Asimismo, extraoficialmente se conoció que la jueza del Primer Juzgado de Letras de Colina, María Cecilia Urbina, solicitará a Gendarmería cursar las bajas de siete funcionarios del Módulo Alfa, por su presunta responsabilidad en los apremios ilegítimos a los que fueron sometidos internos de ese penal.
Uno de ellos, según informó radio Agricultura, sería el jefe de la Unidad de Colina II, Mario Vidal.
La magistrada es quien tiene a su cargo una querella presentada por los familiares de 25 internos del penal, que fue clausurado por el servicio de prisiones el 31 de enero pasado, luego de un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que recomendó la clausura de la unidad carcelaria por sus pésimas condiciones higiénicas.
Luego de interrogar a diversos testigos y familiares, la jueza solicitaría la medida al director de Gendarmería, Hugo Espinoza, para perseguir la responsabilidad penal en contra de funcionarios de esa institución.
Según un informe del Servicio Médico Legal que se encuentra en poder de la jueza Urbina, luego del motín del 18 de enero pasado, diversos internos fueron víctimas de apremios ilegítimos por parte de los gendarmes.
Entre los apremios detectados por el informe pericial se determinó que un interno resultó con la ruptura del tímpano a consecuencia de las golpizas, otro con diversas costillas fracturadas por golpes y un tercero con compromiso renal por puntapiés recibidos.
Ante estos hechos un grupo de abogados prepara antecedentes para solicitar que el director de Gendarmería declare como inculpado en la querella que tramita la jueza Urbina y luego pedirán su procesamiento por ser el responsable de esta institución.
Los abogados, encabezados por Hugo Gutiérrez, Alfredo Morgado y Carlos Quezada, sostienen que los malos tratos en el Penal de Colina Ii forman parte de una política institucional impulsada bajo la gestión de Espinoza, por lo que al jefe de prisiones le cabría responsabilidad como autor mediato.
En este sentido, los abogados no descartan solicitar que el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, también sea citado a declarar en el caso con el fin que aclare si estaba en conocimiento de la política impulsada por Espinoza.
La investigación de la jueza Urbina se inició poco días después del motín del 18 de enero pasado en el Módulo Alfa de Colina II, donde 29 internos se autoinfirieron heridas por las pésimas condiciones en que se encontraban.
Días después, la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado Croquevielle, se constituyó en el penal y comprobó las denuncias de los internos enviando un informe al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, donde daba cuenta de las irregularidades que se registraban en ese recinto.
Entre otras cosas, la fiscal Maldonado comprobó que los internos eran golpeados y sometidos a un régimen de prisión casi militar; que mostraban cuadros de depresión y angustia por el régimen carcelario, y que no existían las mínimas condiciones higiénicas en el penal, ya que no había baños al interior del recinto.
El informe además fue acompañado por un recurso de amparo presentado en favor de Carlos Espínola Robles, el que fue acogido por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en decisión unánime recomendó cerrar el Módulo Alfa.
El jueves 31 de enero, a pocas horas del dictamen, el director de Gendarmería anunció el cierre del Módulo Alfa, acogiendo las recomendaciones del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El presidente de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, Manuel Henríquez, confirmó que hay pruebas suficientes para que los gendarmes sean removidos de sus puestos.
Dijo que la prueba más concreta es el informe del Instituto Médico Legal respecto de las lesiones que tienen los internos, "porque esto se venía haciendo sistemáticamente dentro de ese módulo".
Henríquez adelantó que pedirá la renuncia al director de Gendarmería, Hugo Espinoza, a quien culpa de la muerte de al menos 40 reos desde 1998, fecha en que se hizo cargo de la institución.
Dio como ejemplo a los siete presos fallecidos en la cárcel de San Miguel en un incendio, y otro evento que dejó como saldo a 26 víctimas fatales en Iquique, ambos ocurridos el año pasado.
