SANTIAGO.- Los abogados que defienden a los internos que sufrieron apremios ilegítimos en el módulo Alfa de Colina II, ampliaron hoy la tipificación de las querellas existentes de malos tratos por el delito de torturas calificadas a través de dos escritos presentados ante el Juzgado de Letras de Colina.
La primera acción judicial se refiere a establecer las responsabilidades de los funcionarios de Gendarmería que estaban a cargo de citado módulo, en tanto que la segunda busca conocer el grado de consentimiento u órdenes directas que habrían emanado de la dirección general del servicio de prisiones.
Cabe recordar que el mismo director de Gendarmería Hugo Espinoza ha señalado en varias oportunidades que de comprobarse estos delitos, las responsabilidades son "individuales y no institucionales".
Al respecto uno de los abogados que representa a los presos, Alfredo Morgado, indicó que "esto está por verse. Esto lo tiene que establecer la investigación y justamente el ánimo fundamental de esta parte querellante es establecer si es que efectivamente había una política carcelaria en la cual se toleraban los apremios ilegítimos".
La historia de violencia en el módulo Alfa quedó al descubierto el pasado 19 de enero, cuando 25 de los 29 internos que habitaban el recinto infringieron heridas cortopunzantes denunciando la situación que estaban viviendo.
Por tal motivo se presentaron 25 querellas ante el Juzgado de Letras de Colina, las cuales fueron ratificadas por la Quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes en votación unánime acogieron las denuncias.
Además existen sendos informes de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien comprobó en terreno las irregularidades y otros del servicio médico legal en el que dan tipificadas las lesiones sufridas por los reos.
En este sentido, Morgado precisó que los funcionarios que hayan participado directa o indirectamente en los apremios, están expuestos a penas que van desde los 541 días de presidio menor en su grado medio, y de ratificarse que hubo lesiones de gravedad, se exponen a penas que van desde los cinco a los quince años "que lo definirá la investigación".
