SANTIAGO.- Con las metas de transformar a la Conadi en un servicio público eficiente y ágil en la solución de los problemas indígenas, y de que éstos puedan integrarse a la entidad para realizar un trabajo conjunto que vaya en su propio beneficio, asumió el cargo de nuevo director de la corporación, el abogado del Partido Radical Haroldo Cayún.
El recién asumido personero reemplazará al DC Edgardo Lienlaf, quien ayer presentara su renuncia en medio de una denuncia por supuestas irregularidades cometidas por funcionarios PS, PPD Y PRSD en la adquisición de terrenos que van en beneficios de las comunidades indígenas.
Al respecto, el recién asumido personero evitó calificar la gestión de su predecesor al mando de la Conadi, y sólo dijo que su alejamiento se debió a que el Gobierno consideró concluida su labor de reestructuración de la entidad, y que ahora comienza un nuevo periodo en que se intentará dotar a la Conadi con las herramientas de un servicio público eficiente, cercano a las comunidades indígenas. De todas formas, enfatizó que bajo su nueva gestión, se producirse situaciones similares en el futuro, serán investigados y sancionados con las máximas penas para cada caso.
Arguyendo su recién asunción en el cargo, Cayún evitó constantemente calificar el éxito o fracaso que han tenido las políticas del Gobierno en el tema indígena durante los últimos ocho años, el impulso que le ha dado el Ejecutivo a la construcción de la Central hidroeléctrica de Ralco y emitir un juicio acerca de la denuncia lanzada la semana pasada por el ex director de la Conadi, Edgardo Lienlaf.
No obstante, el abogado reconoció que una de las debilidades de la entidad que pasó a encabezar radica en lo estrecho del presupuesto que maneja (20 mil millones de pesos), lo que se traduce en una escasez de funcionarios a nivel nacional y en la dificultad de concretar proyectos para el desarrollo de las comunidades indígenas.
Respecto de la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco, el personero lamentó los hechos de violencia que protagonizan las comunidades indígenas de la zona, y sólo se limitó a decir que el gobierno y la Conadi cumplirán la ley, en referencia a que se estaría produciendo un contrasentido entre lo que estipula la Ley Indígena respecto de las permutas de tierras indígenas y la construcción e impulso otorgado por el Gobierno al megapyoyecto de Endesa.
