SANTIAGO.- El Gobierno calificó hoy de "ilegal" el anuncio de paralización realizado por la locomoción colectiva para el próximo 16 de abril, por la salida de máquinas que cumplen los 10 años de vida útil.
Según las autoridades, la medida anunciada por la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros (AGMTP), representada por Manuel Navarrete, no está dentro de la legalidad, ya que sólo se estarían cumpliendo las normas firmadas en las bases de la licitación de 1998.
En un comunicado, el Gobierno indicó que la presión de la AGMTP carece de argumento, ya que sabían desde hace cuatro años que las máquinas debían ser reemplazadas por otras de menor antigüedad y "si ellos no lo hicieron no es responsabilidad del Gobierno".
Por su parte, la AGMTP, que representa a unos 500 empresarios, reclama que el Ejecutivo no respetó los acuerdos, ya que el acta del año 2000 establecería que los buses que fueron fabricados en 1991 y 1992 tendrían dos años más de vida útil, es decir, 12.
Los empresarios reclaman que el Ministerio de Transportes habría exigido un 40 por ciento menos en la emisión en contaminantes para estos buses y deberían ser controlados en la planta 3CV de la Secretaría de Estado.
No obstante, el ministro de Transportes, Javier Etcheberry, negó los argumentos de la paralización explicando que el presidente de la AGMTP desconoce las bases de la licitación de 1998.
Respecto al mismo tema, la Federación Siglo XXI, que congrega a 1.200 buses y abarca el 12,84 por ciento de la locomoción colectiva, emitió un comunicado explicando que "nuestra institución no pertenece al Consejo Superior de Transportes y por lo tanto no participaremos en ningún acto de protesta" que perjudique a los clientes.
La entidad argumenta que tanto empresarios como autoridades conocían los alcances, limitaciones y garantías de las bases. Sin embargo, creen que el Gobierno debe dar señales potentes de consistencia y congruencia, en desacuerdo con los métodos de administración en torno a la locomoción colectiva.
La AGMTP convoca a casi el 70 por ciento de la locomoción colectiva, con unas 7.500 máquinas, y si se suma el Consejo Superior de Transportes llegarían al 85 por ciento aproximadamente, por lo que un paro afectaría a más de dos millones de usuarios de la capital.
