SANTIAGO.- La ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, informó que el Gobierno presentará mañana miércoles, por instrucción expresa del Presidente de la República, Ricardo Lagos, una reforma constitucional ante el Congreso que tiene como finalidad reparar el
fallo adverso que ayer el Tribunal Constitucional decidió respecto de la entrada en vigencia en Chile del Tribunal Penal Internacional (TPI).
El Tribunal Constitucional, en fallo dividido de cinco votos contra uno, estimó ayer que se requiere de una reforma a la Carta Fundamental para que la instancia internacional pueda iniciar su trabajo en el país.
Al respecto, la Canciller sostuvo que el gobierno no considera una derrota el fallo del TC, "aún cuando estamos en desacuerdo", porque lo que ha decidido es que se requiere una reforma, y no ha puesto en cuestión la existencia del TPI en nuestro país, "por lo tanto lo que corresponde es que sigamos el curso legal pertinente de enviar al congreso la reforma".
La ministra Alvear sostuvo además que "para nosotros el TPI es una aspiración muy sentida, puesto que Chile participó en el tratado de Roma de 1998, que dio origen a dicha instancia de derecho internacional".
El 17 de julio de 1998, en una reunión realizada en Roma, 120 países miembros de Naciones Unidas votaron a favor del "Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional", donde se establece que el organismo está facultado para encargarse de juzgar el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad, entre los que incluye la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud, los delitos sexuales, la persecución política, religiosa, racial o étnica, cometidos en forma sistemática contra la población civil.
El gobierno chileno firmó el Tratado de Roma, que da vida al TPI, el 11 de septiembre de 1998 y el ex presidente Eduardo Frei lo envió al Parlamento para su ratificación en enero de 1999, no obstante tras la decisión del Tribunal Constitucional el proyecto fue congelado esta mañana en el Senado.
"No se explica en el mundo que no exista un país que no juzgue este tipo de crímenes. A nosotros nos parece que cuando existen crímenes tan horrorosos como los de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, lo que debe existir es un Tribunal Penal Internacional claramente vigente en el mundo, para que se respeten las normas del debido proceso", sostuvo la canciller.
El requerimiento para declarar inconstitucional el proyecto que aprueba la Corte Penal Internacional fue presentado el 4 de marzo pasado por los diputados Maximiano Erráruriz (RN) y Gonzalo Ibáñez (UDI), con el apoyo de 35 diputados de oposición.
La ministra Alvear sostuvo que espera que la reforma sea aprobada en la Cámara de Diputados con la totalidad de los votos de la Concertación y con algunos votos de Renovación Nacional.
Hasta la fecha han aprobado el TPI 54 países, y se requiere de 60 naciones para que se haga extensivo a todo el mundo.
Derecha apoya fallo del TC
Los diputados Maximiano Errázuriz (RN) y Gonzalo Ibáñez (UDI) respaldaron hoy la resolución del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.
Los parlamentarios, autores del requerimiento presentado contra el TPI aprobado por la Cámara de Diputados, sostuvieron que el dictamen del Tribunal Constitucional ratifica que este proyecto vulnera uno de los principios fundamentales como es la soberanía.
Los legisladores puntualizaron que si bien no se oponen a la sanción de graves delitos contra la humanidad, es necesario que se modifique antes la Constitución para que no se "hipoteque" la soberanía nacional, ya que se permitirá que tribunales extranjeros juzguen hechos ocurridos en Chile.
"No nos oponemos a la sanción de los crímenes de guerra, de genocidio o lesa humanidad, lo que creemos necesario es que previamente se debe modificar la Constitución", precisó Errázuriz.
Por su parte, el senador DC Jorge Lavandero calificó como una decisión equivocada y poco seria "influida seguramente por la tesis de la Corte Suprema que no quiere adaptarse a los tiempos de la globalización e insiste en mantener a Chile como una isla en el mundo", la decisión del Tribunal Constitucional.
"Las violaciones a los derechos humanos son faltas severas a la ley que deben ser perseguidas internacionalmente y por ello me parece asombroso que algunos diputados que aparecen ante la opinión pública como muy vigilantes de la delincuencia y la seguridad ciudadana, quieran impedir que Chile se integre a la comunidad internacional y forme parte de un Tribunal que atenderá sólo casos de enorme importancia", agregó el legislador DC.
