SANTIAGO.- El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, informó que el Gobierno postergó el envío al Congreso de la reforma que incorpora a la Carta Fundamental, el Tribunal Penal Internacional (TPI), tal como lo estipuló el Tribunal Constitucional el lunes pasado.
En fallo dividido de cinco votos contra uno, dicha instancia estimó que se requiere de una reforma a la Constitución para que la corte internacional pueda iniciar su trabajo en el país.
La decisión se adoptó para lograr un consenso con la oposición, ya que la aprobación de la iniciativa requiere tres quintos de quórum, lo que equivale a 28 votos en el Senado.
En este sentido, el presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, solicitó al Gobierno que presente al Congreso un texto de reforma constitucional "que tenga viabilidad".
El legislador reiteró que ante los sólidos y contundentes argumentos del Tribunal Constitucional, se debe intentar consensuar un texto que dé respuesta a los cuatro puntos objetados.
Para el presidente del Senado, es importante que "haya reforma", por lo que el Gobierno deberá presentarla y la oposición apoyarla, "pero si se rechaza, el país deberá saber que será la oposición la que le niegue al país integrarse a la comunidad internacional, a través del Tratado de Roma y no la Concertación. Es bueno que cada uno responda de sus propias decisiones. Creo que es posible llegar a un texto que pueda acercarnos y así se lo he dicho a la canciller y al ministro de Justicia".
Según el senador Zaldívar, la oposición no debe temer que la ratificación del Tratado signifique pérdida de soberanía, porque en el mundo globalizado en el que estamos viviendo, el proceso no sólo llega a la economía, sino también a la justicia en temas tan importantes como el de los derechos humanos.
"Hoy día nadie reclama cuando Chile somete sus asuntos económicos a los tribunales arbitrales con asiento en Nueva York, ¿por qué no podemos hacerlo en casos tan dramáticos cuando se ven afectados los derechos humanos, sobre todo en delitos extremadamente graves? No podemos eximir a Chile de un Tribunal Internacional que sancione los crímenes contra la humanidad, sería gravísimo", concluyó.
El requerimiento para declarar inconstitucional el proyecto que aprueba la Corte Penal Internacional, fue presentado el 4 de marzo pasado por los diputados Maximiano Errázuriz (RN) y Gonzalo Ibáñez (UDI), con el apoyo de 35 diputados de oposición.
Hasta la fecha han aprobado el TPI 54 países, y se requiere de 60 naciones para que se haga extensivo a todo el mundo.
