SANTIAGO.- Mayor colaboración para agilizar los procesos que aún están abiertos para los considerados "presos políticos", solicitaron esta mañana al Presidente de la Corte Suprema Mario Garrido, el Vicario de la Pastoral Social, Monseñor Alfonso Baeza, acompañado del senador UDI, Hernán Larraín, y el diputado PPD, Esteban Valenzuela.
A la salida del encuentro, monseñor Baeza sostuvo que en muchos de los casos, de los al menos 52 presos políticos que existen a lo largo del país, no ha habido un debido proceso, por lo que solicitaron al presidente del máximo tribunal que intervenga en la agilización de estas causas.
EL prelado sostuvo además que la idea es "explorar las posibilidades de solución de esta situación" para lo cual a su juicio se debe humanizar la CAS para reparar las "injusticias cometidas contra los reclusos y que recuperen la libertad ya que cometieron estos delitos cuando eran muy jóvenes".
Según Monseñor Baeza, el presidente de la Corte Suprema acogió con mucho interés la solicitud y señaló que el tema será tratado con el Pleno, pero que la posibilidades son más bien escasas.
Se trata de casos que corresponden a 52 reos, pertenecientes al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al Lautaro y al MIR, quienes se encuentran procesados por la justicia militar, en su mayoría por homicidios, pero sobre los cuales hasta el momento no se ha dictado sentencia.
Por su parte, el senador UDI, Hernán Larraín, quien integra el grupo de parlamentarios de distintos colores políticos convocados por monseñor Baeza para tratar el tema, señaló que "creemos que lo menos que podemos hacer es conseguir que se haga justicia".
Larraín, explicó que hay mucha gente que lleva más de diez años presos y que cuando se les dicte sentencia probablemente sus penas sean menores a los años que llevan recluidos.
Tanto los parlamentarios como monseñor Baeza trataron también, en el encuentro, el tema de las precarias condiciones carcelarias que existen en los centros de reclusión, sobre todo en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde viven al menos treinta de los cincuenta presos políticos. Asimismo, se planteó el problema de atención tanto para los reclusos como para los familiares, al interior de los recintos.
Consultado Monseñor Baeza respecto de que si esta solicitud se hace extensiva al caso de militares detenidos, dijo que esa posibilidad no se ha planteado y que en lo personal él no está de acuerdo.
El senador Larraín en tanto, manifestó que se trata de casos distintos por lo que, por un sentido práctico, prefieren no mezclarlos.
En tanto, hoy 17 presos políticos del Movimiento Lautaro recluidos en la CAS, iniciaron una huelga de hambre y líquida, con el fin de que se les conceda la libertad a "todos los presos encarcelados en los últimos 12 años de la Concertación".
El camino de la iniciativa
La iniciativa que encabeza monseñor Baeza le fue encargada por el Arzobispo de Santiago a mediados del año 2000, tras conocerse un informe en derecho pedido por los familiares de los presos al abogado Francisco Cumplido, quien fue Ministro de Justicia del gobierno de Patricio Aylwin. En ese informe, el jurista hacía ver la incorrecta aplicación de las normas antiterroristas por parte de los tribunales en las condenas aplicadas a miembros del Frente Manuel Rodríguez, el movimiento Lautaro y otras bandas armadas de izquierda.
Por causa de esa interpretación, esos condenados han quedado imposibilitados de recibir rebajas de penas o indultos e, incluso, beneficios carcelarios.
La iniciativa tiene como fin promover la dictación de una ley interpretativa de la ley antiterrorista, dictada durante el gobierno militar y reformada durante la administración Aylwin. Además, se busca apurar las causas que todavía están pendientes, algunas de las cuales se iniciaron a principios de los 90.
Según se supo de otras fuentes, los próximos pasos de monseñor Baeza y los parlamentarios que lo acompañan será pedir al juez militar de Santiago, general Juan Carlos Salgado, evitar el doble procesamiento -por conducta terrorista y por formación de grupos paramilitares- al que algunos de los encausados están siendo sometidos. Incluso es probable la petición de una entrevista con el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, para plantearle este tema.
