SANTIAGO.- Personal de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones detuvo en las últimas horas de ayer, a dos mujeres que están involucradas en la millonaria estafa que afectó a pequeños y medianos empresarios.
Las aprehendidas fueron identificadas como Gladys Hasbún y Flavia Contreras, quienes utilizaban una oficina de corretaje de propiedades ubicada en calle Huérfanos 812, departamento 419, para captar a empresarios de Arica, Iquique, Calama, Valparaíso, Rancagua, Talca, San Fernando, Concepción, Temuco y Punta Arenas.
Las mujeres ofrecían gestionar los créditos pymes por un monto de 150.000.000 de pesos, implementados por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO).
Para recibir los supuestos créditos, las detenidas citaban a sus clientes a Santiago, donde les explicaban la cancelación del dinero.
La investigación policial permitió establecer que durante septiembre y diciembre pasado hubo 53 postergaciones de supuestos gastos.
El domingo pasado, los detectives de la Bridec detuvieron a otras siete personas involucradas en la estafa, cuya cifra alcanzaría los 132.000.000 de pesos, puesto que unos 1.350 empresarios se vieron involucrados en este delito.
La banda operaba a través de una empresa ficticia de asesorías financieras llamada Afinteg, la cual sólo gestionaba créditos pymes por 150 millones de pesos.
Dos de los detenidos, que decían estar supuestamente respaldados por funcionarios del Ministerio del Interior, iniciaron la captación de pequeños y medianos empresarios a quienes ofrecían gestionar, a través de una línea especial de crédito implementada por la CORFO, los prestamos financiados por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) por medio del Banco del Desarrollo.
Para acceder a éstos, los clientes debían cancelar anticipadamente el pago aproximado de uno y seis millones de pesos por conceptos de impuestos, tramitación y mejores cupos para la obtención de los créditos, al margen de los honorarios que serían aplicados una vez otorgado el beneficio.
Para reafirmar la credibilidad de las gestiones que realizaban y continuar con la captación de más clientes, la banda respaldaba cada operación con la firma de letras de cambio por un valor de 150.000.000 de pesos.
Los antecedentes de este caso se encuentran en manos del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, quien investiga la responsabilidad de los implicados.
El líder de la banda fue identificado como Cristián Bravo, quien era asesorado por el ingeniero Hugo Andrés y por el abogado Fernando Moreno. Además, entre los aprehendidos figura un oficial en retiro del Ejército.
