SANTIAGO.- El abogado Alfonso Insunza presentó hoy una querella por "presunta inhumación ilegal" de los restos del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria, asesinado en 1976.
"La acción judicial busca la exhumación de los restos de Carmelo Soria para su identificación por el Servicio Médico Legal a través de un examen de ADN", explicó a EFE Insunza.
"La familia tiene fundadas sospechas de que posiblemente los restos inhumados no corresponden a los de Carmelo Soria", precisó el abogado querellante.
La querella fue presentada ante el juez Andrés Contreras, del 23 Juzgado del Crimen de Santiago.
Insunza explicó que en 1983, a raíz de amenazas contra los dueños del mausoleo donde fue enterrado el diplomático, el cuerpo de Soria fue trasladado dentro del mismo Cementerio General en un ataúd sellado, que no se permitió abrir.
Agregó que cuando Carmen Soria, hija de la víctima, presentó una nueva querella en 1994 por el asesinato de su progenitor, recibió una serie de amenazas.
Entre éstas, había llamadas telefónicas en las que le decían que su padre "no estaba en el cementerio" y que no sacaría nada con investigar las causas de la muerte "pues sus restos no existían".
"Además, la familia que prestó el mausoleo para enterrar a Soria, fue presionada para apurar el cambio en el año 1983. Hubo presiones y amenazas", recalcó el letrado.
Carmelo Soria, quien residía en Chile desde el término de la guerra civil española (1936-1939), fue secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 14 de julio de 1976 y su cadáver fue encontrado dos días después en un canal de Santiago, con señales de tortura.
"En el cuerpo está la causa de la muerte y las autopsias que se le hicieron en el Servicio Médico Legal no corresponden a la causa de la muerte de mi papá, que fue desnucado, tal como consta en el proceso" dijo a EFE Carmen Soria.
El abogado Insunza explicó que, sin embargo, la autopsia de entonces indicó que Soria murió por fracturas provocadas "en un accidente de tránsito".
Este informe fue cuestionado por los querellantes, dijo Insunza, y posteriormente peritos estadounidenses que se basaron en el documento médico de la autopsia, determinaron que las lesiones notificadas no correspondían a un accidente de tránsito.
"Además, nunca se permitió a la familia la realización de una nueva autopsia", precisó la hija del funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El proceso por el homicidio de Soria, en el que fueron inculpados cuatro altos oficiales del Ejército, fue cerrado en 1996 por la Corte Suprema, tras lo cual la familia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y acusó al Estado chileno de "denegación de justicia".
La petición fue acogida y en 1999 el organismo recomendó reabrir el sumario y juzgar a los responsables del crimen.
El 10 de mayo de 2001 la familia Soria pidió la reapertura del proceso y la realización de diligencias a raíz de la aparición de nuevos antecedentes sobre el caso, pero la Corte Suprema rechazó la petición.
