SANTIAGO.- El Pleno de la Corte Suprema adoptó diversas resoluciones en relación a las causas que analizan hechos presumiblemente atribuibles a violaciones de los derechos humanos, prolongando -en algunos casos- el tiempo de la investigación.
El máximo tribunal decidió prorrogar por tres meses el sistema respecto de los titulares del Octavo, Noveno y Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, Raquel Lermanda y Juan Antonio Poblete, respectivamente.
La misma resolución se aplicó para la magistrada del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, en tanto que el trabajo de la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz, fue prorrogado por un mes.
Asimismo, la Corte Suprema puso término, en su calidad de jueces exclusivos, a los magistrados del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel y del Juzgado de Letras de Santa Bárbara.
Dichos magistrados continuarán prestando atención preferente a los procesos que tramitaban y deberán informar cada 30 días a la Corte Suprema sobre el avance de las causas.
Además, instruyó al juez del Décimo Juzgado del Crimen de Santiago para examinar acumulaciones de causas que legalmente fueren procedentes.
Por último, se incluyó a 12 jueces del país (Primer y Quinto Juzgado del Crimen de Santiago; Primer y Cuarto Juzgado del Crimen de Arica; Juzgado de Letras de María Elena; Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso; Primer Juzgado Civil de Chillán; Primer Juzgado del Crimen de Chillán; Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano; Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia) para que presten atención preferente a determinados procesos por violaciones a los derechos humanos. Los magistrados también deberán informar sobre su proceder cada un mes.
