SANTIAGO.- A raíz de la inminente aprobación del proyecto de ley de fotorradares, actualmente en la Cámara de Diputados, la Asociación Chilena de Municipalidades manifestó que la derogación del inciso segundo, que permite la operación de estos aparatos de forma automática, atenta contra la autonomía de los municipios de darse su propia operatividad.
A juicio de la entidad, esta iniciativa viene a generar inestabilidad financiera y disminución de recursos en un grupo importante de municipalidades, en primer lugar anulando las competencias municipales sobre fotorradares, transfiriéndolas desde el nivel local al nivel central.
Además disminuye el presupuesto municipal asociado a la administración de Justicia Local a un conjunto de municipalidades medianas y grandes.
Al mismo tiempo, los jueces de policía local expresan como una inconsecuencia el hecho que los fotorradares, instrumentos al servicio de la seguridad de las personas, queden sólo al arbitro de las empresas proveedoras, sin registros de intervención de personas acreditadas para ello.
"Se trata de considerar al fotorradar como un elemento que puede ayudar a mejorar la prevención de accidentes y que por sí mismo no es un elemento negativo", puntualizó la Asociación.
En ese sentido, aseguró que así lo avalan los numerosos estudios realizados por dicha entidad y las últimas cifras entregadas por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), respecto de que en siete intersecciones de la Región Metropolitana controladas por fotorradares, revelaron que hubo una reducción de un 18 por ciento de los accidentes y una disminución del 50 por ciento del número de muertes.
