SANTIAGO.- Con la presentación de dos proyectos de ley sobre reprogramación del crédito solidario, y el financiamiento de estudios superiores en instituciones privadas, la ministra de Educación, Mariana Aylwin, dio "el vamos" concreto a los anuncios presidenciales del 21 de mayo en materia de Educación Superior.
Así lo informó este jueves la titular de la cartera, quien además especificó el funcionamiento del Plan de ahorro familiar que el Estado incentivará al otorgar el doble e incluso el triple de los intereses ahorrados al menos durante dos años, para el estudio de educación superior de los hijos.
El primer texto legal propone la reprogramación del crédito "sin perdonazo" de la deuda de los egresados morosos al 31 de diciembre de 2001, por lo que los descuentos serán por planilla o en la devolución anual de impuestos, con lo que se pretende recuperar al menos unos 10.000 millones de pesos más al año.
"De esta manera, las personas que reprogramen podrán salir de Dicom, y van a tener una reprogramación que les va a permitir pagar, pero se tienen que comprometer al descuento por planilla obligatorio, y en el caso de ser trabajadores independientes, el descuento será a través de la devolución de impuestos por la Tesorería General de la República", explicó la ministra Aylwin.
El proyecto de ley establece un nuevo plazo de 10 años para el pago, estableciéndose una cuota fija sujeta a la contingencia del cinco por ciento de los ingresos de cada deudor.
"Si un profesional está cesante, no tiene que pagar el crédito, pero tiene que avisar, ya que muchos jóvenes profesionales no avisan, no pagan el crédito, quedan morosos, no se acercan a renegociar su deuda. Con esta iniciativa se pretende aumentar la recuperación de créditos morosos", afirmó la secretaria de Estado.
De los 210.000 estudiantes que acogen las 25 universidades tradicionales, cerca de 165.000 reciben algún beneficio estudiantil, en créditos y becas, cuya recuperación actual del crédito alcanza a la mitad de lo que se podría recuperar, que en cifras significa unos 25.000 millones de pesos.
"Sobre la base de la devolución, un cálculo aproximado es que 1.000 millones de pesos equivalen alrededor de mil créditos nuevos", ejemplificó la autoridad ministerial.
Por lo que reiteró, que de recuperarse 10.000 millones de pesos, serán 10.000 créditos más para los jóvenes que requieran de esta ayuda estudiantil.
El segundo texto legal apunta al Financiamiento de Estudios Superiores en universidades e institutos superiores y Centros de formación técnica, que considera un nuevo tipo de crédito a largo plazo para los alumnos que no superen un ingreso familiar de 1.500.000 pesos mensuales.
Contiene dos líneas de acción: la ampliación de acceso al crédito para estudiantes que actualmente no tienen crédito universitario en estas instituciones; y un subsidio a los planes de ahorro para exclusivamente la educación superior, ambos presentados en un mismo proyecto de ley.
"Beneficia directamente a los sectores más modestos de la población que teniendo méritos académicos no cuentan con recursos para estudiar, y especialmente, a sectores de la clase media", precisó.
Agregó que este proyecto tendrá éxito en la medida que se comprometan tanto las familias como las instituciones y el Gobierno, cuyo esfuerzo conjunto abordará a todo el sistema en su conjunto.
Actualmente, en el país existen cerca de 480.000 estudiantes en la educación superior, de ellos, sólo tienen acceso a algún tipo de beneficio económico unos 220.000 jóvenes que estudian en las instituciones que componen el Consejo de Rectores.
El financiamiento de este crédito será mixto. El Estado va a financiar la formación de un fondo de créditos que en unos anos más se invertirá en el mercado de capitales para realimentar el sistema.
El proyecto de ley contiene la creación de una institución mixta facultada para entregar créditos a los estudiantes o a sus familias, funcionando con tres tipos de garantías que va a asumir el Estado.
"El Estado va a asumir la garantía del retorno de los créditos de los jóvenes egresados, además, las casas de estudios van a asumir la garantía del joven mientras estudia en la institución, y finalmente, este crédito requiere del compromiso de pago de quienes reciben el beneficio, lo que significa que el cobro va a ser por descuento por planilla o por retención de la devolución de impuestos", sostuvo.
Es necesario clarificar que de aprobarse esta iniciativa, el crédito no requeriría aval (lo asume el Estado y las entidades), contará con seguro de cesantía, de invalidez y de desgravamen. Teniendo un tope de crédito de acuerdo al arancel de referencia por carreras, y un límite al número de años que puedan endeudarse.
En relación a los subsidios de los planes de ahorro familiar, el objetivo básico es "apoyar a los estudiantes y familias que ahorren para financiar, al menos el primer año de universidad, premiándolos con igual tasa de interés o más, con un tope de 810.000 pesos, es decir, 50 UF", explicó la titular.
Para tal propósito, se va a exigir un ahorro mínimo de 80 UF para estudios universitarios o profesionales (1.300.000 pesos) y 40 UF para estudios técnicos de nivel superior (650.000 pesos).
El subsidio será de un 150 por ciento de la tasa de interés real para familias con ingresos inferiores a un millón de pesos (63 UF), y un 100 por ciento de la tasa de interés real para familias con ingresos entre un millón y un millón quinientos mil pesos (63 a 93 UF).
"Es decir, se duplica el interés para las familias entre un millón y un millón y medio, es decir, para familias de clase media, y se triplica el interés para familias que tienen ingresos menores de un millón de pesos".
Aylwin añadió que cuanto más años se ahorre, es mayor el subsidio. "Una familia que ahorra 30.000 pesos mensuales durante 12 años, paga toda la carrera".
"Aquí estamos hablando de proteger la educación cuando el Estado se compromete con recursos públicos para garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones para todos los jóvenes chilenos",
arguyó.
