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Juez detiene desalojo de familia deudora de Eurolatina

El juez tomó la decisión luego de reunirse con la directiva de la agrupación de familiares de afectados por Eurolatina, que le solicitó revisar el caso y detener la orden de desalojo que afectaba a un inmueble en Pedro Aguirre Cerda.

28 de Mayo de 2002 | 11:12 | Carolina Valenzuela, EMOL
SANTIAGO.- El ministro en visita Rubén Ballesteros ordenó esta mañana detener el desalojo de la familia Carvallo Heredia, deudora de la financiera Eurolatina, de la casa en la que actualmente habita, procedimiento que se iba a llevar a cabo hoy cerca del mediodía.

El juez tomó la decisión luego de reunirse con la directiva de la agrupación de familiares de afectados por Eurolatina, que le solicitó revisar el caso y detener la orden de desalojo emanada del Cuarto Juzgado Civil de San Miguel.

La presidenta de la agrupación, María Elena Huaiquipán, se mostró muy contenta por la recepción que tuvo el ministro Ballesteros, y señaló que junto a un grupo de integrantes de las familias afectadas acudiría hasta el inmueble en cuestión, ubicado en la calle Fernando Lazcano 1920, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para informar a la receptora de la decisión del magistrado, quien durante la mañana oficiaría al tribunal correspondiente.

Según la dirigenta, son alrededor de 200 familias las que se encuentran en la misma situación de posible desalojo, debido a que sus casas han sido rematadas por deudas con Eurolatina.

Cobros excesivos

Los juicios contra Eurolatina comenzaron en el año 2000 debido al remate de sus casas que sufrieron pobladores por deudas impagas que mantenían con la empresa prestamista. En su oportunidad denunciaron que la empresa implementaba un sistema de cobro excesivo de intereses, por lo que a cualquier persona se le hacía imposible pagarlos.

La organización "Acción contra el Fraude Financiero", fue formada en septiembre del 2000 por el diputado del Partido por la Democracia, Nelson Ávila, y familias que mantenían deudas con la empresa.

La organización tiene como finalidad defender a quienes sufran usura y estafa por créditos.
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