LIMA.— Los sectores aeronáuticos y de turismo de Perú se sumaron a un pedido de la empresa peruana Aero Continente para que el Gobierno de este país proteste ante Chile por la decisión de las autoridades de suspender el permiso de vuelo de la aerolínea, que consideran arbitraria.
La Dirección de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) canceló el lunes pasado el permiso de vuelo de Aero Continente, alegando incumplimientos de sus compromisos económicos y de otros que ponen en peligro la seguridad de sus operaciones.
"La paralización de actividades de Aero Continente en Chile transgrede las normas generalmente aceptadas en la actividad aeronáutica y parece responder a motivaciones de otra índole", dijo en un comunicado la asociación de líneas aéreas regulares del Perú, la asociación peruana de aviación civil, y la de controladores de tránsito aéreos.
Un convenio de protección recíproca de inversiones suscrito por Perú y Chile prohíbe a los gobiernos afectar "medidas injustificadas o discriminatorias" para obstaculizar la inversión extranjera en cada país.
La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines invocó al Gobierno a hacer respetar los tratados y convenios suscritos entre Perú y Chile para que se devuelva el permiso de operación a Aero Continente.
Los accionistas de la empresa Aeroperú pidieron al gobierno que en reciprocidad con lo ocurrido con Aero Continente, retire el permiso de vuelo a las aerolíneas Lan Chile y Lan Perú, subsidiaria de la primera.
La presidenta del directorio de Aero Continente, Lupe Zevallos, dijo que hasta el momento la respuesta del gobierno ha sido "débil y tímida".
En julio pasado, un juez chileno ordenó la incautación de las aeronaves de Aero Continente, el encarcelamiento de cuatro de sus ejecutivos y el cierre de sus oficinas a petición del Consejo de Defensa del Estado, que acusó a la empresa peruana de lavado de dinero.
No obstante, el juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia descartó esta acusación, por cuanto los supuestos delitos se habrían cometido antes de la entrada en vigencia de la ley que sanciona el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
