SANTIAGO.- Tanto la oposición como la Concertación reaccionaron este miércoles frente a los dichos del Presidente Ricardo Lagos, quien pidió aplicar sanciones administrativas a los funcionarios de la Cancillería que hayan utilizado el aparataje estatal, para asesorar -a través del Grupo Hamlet- al líder de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín.
El senador de Renovación Nacional (RN), Sergio Romero, y el diputado del mismo partido, Alberto Cardemil, emplazaron a Ricardo Lagos a que se retracte de sus dichos, ya que según dijeron, el rol que está asumiendo el Mandatario ante esta materia tiene una clara acción política, que sería bajarle el perfil al alcalde de Santiago.
Además, le pidieron al Presidente investigar antes de exigir sanciones para aquellos funcionarios de la Cancillería que han entregado información confidencial sobre la política exterior del Gobierno.
Ambos parlamentarios defendieron el accionar de algunos personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando que "no reviste irregularidad alguna, que los funcionarios de carrera, sea de la tendencia política que sean, den una opinión inteligente a los líderes de opinión que salen al exterior".
Ante la petición del Presidente de aplicar sanciones administrativas, ambos congresistas señalaron que el Gobierno no debería haber hecho ninguna declaración antes de las investigaciones y le pidieron al Primer Mandatario investigar antes de exigir sanciones.
Agregaron que es extraño que el Presidente de la República, precisamente en momentos que llama a todos los sectores a un gran esfuerzo nacional, "caiga en la pequeñez del juego político a corto plazo".
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha resuelto investigar las denuncias, que quedará en manos del subsecretario de la cartera, Cristián Barros.
Ayer la oposición advirtió que existe el riesgo de que todo este episodio derive en una "caza de brujas" contra diplomáticos de carrera que no se adhieren a la Concertación.
Denuncia de Leal
El Contralor General de la República, Arturo Aylwin, acogió esta mañana una denuncia hecha por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD), Antonio Leal, en la que acusaba a miembros de la cancillería, más conocidos como el grupo "Hamlet" y la red "Ofelio", de cometer diversos hechos que transgreden la legislación chilena.
Leal explicó que un grupo de funcionarios de Cancillería ha combinado su trabajo oficial con una actividad de carácter mucho más reservado: "asesorar al alcalde de Santiago...en las complejidades que caracterizan a la política internacional".
"El artículo 78 del Estatuto administrativo señala que el funcionario no puede ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada del trabajo, y usar material o información reservada del organismo para fines ajenos a los institucionales", agregó Leal.
"Esto se ve claramente en los emails que estos funcionarios distribuyen en el mundo y que aquí se está utilizando información reservada para entregársela al señor Joaquín Lavín", explicó.
En alusión a las advertencias de la oposición, sobre el riesgo de que todo este episodio derive en una "caza de brujas" contra diplomáticos de carrera que no adhieren a la Concertación, Leal arguyó que en Chile sólo hubo una "caza de brujas" y fue durante el Gobierno Militar.
Finalmente, Leal manifestó que la política internacional en este país la constituye el Presidente de la República de Chile y no el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín.
