SANTIAGO.- Abogados querellantes en el "Caso Caravana de la Muerte", en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, presentaron esta mañana un recurso de reposición ante la Corte Suprema, en el que se pide revisar el dictamen que ayer sobreseyó el proceso en contra del senador vitalicio Augusto Pinochet.
Los querellantes argumentan que para que exista un sobreseimiento definitivo en una causa, debe en forma previa haberse cerrado completamente la investigación, lo que en este caso, a su juicio, no ha ocurrido.
El escrito argumenta que el artículo 684 del código de Procedimiento Penal sostiene que "Si después de cometido el delito cayere el imputado en enajenación mental, se continuará con la instrucción del sumario hasta su terminación, y si no procediere sobreseimiento en la causa o a su favor, el juez decidirá si continúa o no en el procedimiento, teniendo en consideración la naturaleza del delito y de la enfermedad".
A juicio del abogado Gutiérrez, la Corte Suprema invade la atribución del juez que lleva el caso, el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, de decidir si continúa o no con la instrucción.
Además, el equipo jurídico encabezado por el abogado Hugo Gutiérrez pidió la aclaración de diversos considerandos del fallo conocido ayer, y que se reponga la calidad de procesado al senador vitalicio.
Consultado sobre la posibilidad de que Pinochet vuelva a ejercer como parlamentario, Gutiérrez sostuvo que "una persona que está en calidad de loca o demente, considerado así por el máximo tribunal, malamente puede integrar la corporación llamada Senado".
Por otra parte, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos leyó un comunicado en el que expresa su "rabia e impotencia" por el fallo de la segunda sala de la Corte Suprema, porque, a su juicio, corrobora que este caso "está políticamente resuelto desde hace mucho tiempo", lo que se ejemplifica en los "desesperados esfuerzos hechos desde La Moneda" para traer a Pinochet "de regreso a Chile cuando estaba detenido en Londres".
La agrupación considera que Pinochet está en condiciones de ser juzgado y que ha contado con todas las garantías del debido proceso, a diferencia, explican, de lo que ocurrió con sus familiares.
