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Diputados UDI insisten en reponer pena de muerte

Mediante un comunicado público, los diputados gremialistas Rosa González, Gonzalo Ibáñez y María Angélica Cristi pidieron reponer la pena de muerte para aquellos delitos que se castigaban con esta condena antes de su derogación.

17 de Julio de 2002 | 21:55 | ORBE
VALPARAISO.- Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Rosa González, Gonzalo Ibáñez y María Angélica Cristi pidieron reponer la pena de muerte en Chile, debido a la sensación de "inseguridad" que -dicen- siente la gente, tras la serie de casos de homicidio con violación de niños y adolescentes.

"La ciudadanía ha manifestado, en reiteradas ocasiones, su inseguridad en materia de delincuencia y la sensación de impunidad que rodea incluso a los crímenes más horrorosos y de mayor connotación pública", señalan los diputados gremialistas en una declaración pública.

Los legisladores aseguran que la sensación de "inseguridad e impunidad se han acrecentado desde la derogación de la pena de muerte, que fijó la cadena perpetua calificada como máximo castigo en nuestra legislación".

"En consecuencia, hemos solicitado que se incluya en la agenda legislativa, el proyecto de ley que presentamos el año pasado, junto a varios parlamentarios de la Alianza por Chile, para reponer la pena de muerte, aplicable a aquellos delitos contemplados con anterioridad a su derogación", dicen los diputados UDI.

Aseguran que la reposición de la pena de muerte es viable en Chile, pues si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe el restablecimiento de la pena capital a los países que la han abolido, esta situación no es aplicable a Chile, pues todavía se mantiene el castigo en el Código de Justicia Militar en sus artículos 9 y 19.

"El Estado tiene el deber de proteger la integridad de los ciudadanos, manteniendo en su sistema penal un castigo definitivo. La pena de muerte constituye una acción de legítima defensa de la sociedad, en contra de aquellos delincuentes que violan los derechos más esenciales de la personas; y debe ser aplicable sólo en casos muy calificados, a quienes han demostrado no tener posibilidad alguna de rehabilitarse ni de reinsertarse en la sociedad", concluyeron los parlamentarios gremialistas.
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