SANTIAGO.- A pocos días de que se dicte sentencia contra los militares implicados en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, su familia y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) pidieron hoy cadena perpetua para los asesinos.
La próxima semana se espera que el juez especial Sergio Muñoz, quien durante tres años investigó el crimen, dicte las condenas que irían desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua, pues la pena de muerte fue abolida en Chile.
Entre los procesados en el caso hay cuatro generales retirados del Ejército.
Jiménez, presidente de la ANEF, fue asesinado el 25 de febrero de 1982 por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y su cuerpo fue dejado en un taxi en un camino rural cercano a Santiago.
Jiménez intentaba reorganizar el movimiento sindical contra el Gobierno Militar. Su asesinato causó conmoción pública, pero el proceso estuvo paralizado 17 años y se transformó en uno de los casos emblemáticos de derechos humanos en Chile.
En conferencia de prensa, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, y Tucapel Jiménez hijo elogiaron al juez Sergio Muñoz, quien procesó a 16 militares, y apuntaron a la responsabilidad de Augusto Pinochet.
"Tras 20 años y cinco meses, y en vísperas de que se dicten las sentencias, solicitamos la pena máxima para los asesinos intelectuales y físicos, cómplices y encubridores", dijo de la Puente.
Añadió que el crimen "no tiene atenuantes, sólo agravantes pues fue cometido con gran brutalidad" y recordó que la víctima recibió cinco balazos en la cabeza y varias cuchilladas en el cuello.
"No nos persigue un afán de venganza, ellos tuvieron un juicio justo, que Tucapel nunca tuvo, pero para nuestro país, su democracia y su convivencia social, se hace necesario que la justicia sea clara y transparente", subrayó.
"Tenemos la sensación de que nuestro padre fue asesinado ayer. Estamos destrozados", afirmó por su parte Tucapel Jiménez hijo.
Recordó que el proceso estuvo 17 años paralizado, en manos del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien debido a presiones de la ANEF, la familia y organismos de derechos humanos, fue sacado del caso en 1999 y reemplazado por Muñoz.
Este último "ha hecho una labor brillante, los 17 primeros años fueron perdidos. Hemos logrado establecer la verdad y estamos conformes; si miramos hasta cuatro años atrás esto era prácticamente imposible", subrayó Jiménez.
Sin embargo, añadió que "hay hilos pendientes", como la responsabilidad del entonces Presidente de la República Augusto Pinochet.
"Después de haber seguido el proceso, haber escuchado muchos testimonios y confesiones, he secado mis propias conclusiones y creo que él (Pinochet) dio la orden de asesinar a mi padre", dijo Tucapel Jiménez hijo.
Agregó que eso "sería muy difícil comprobarlo en el proceso", y que tampoco la familia quiere entrar en una nueva batalla judicial "que no tiene sentido a estas alturas".
En cuanto a la posibilidad de que los militares pidan perdón por el crimen, Jiménez dijo que eso tiene que nacer de forma espontánea aunque De la Puente opinó que el Ejército "debe pedir perdón a la familia y a la ANEF".
El juez Sergio Muñoz tiene plazo hasta fines de julio para dictar las sentencias contra los 16 ex uniformados y un civil que están imputados como autores, cómplices o encubridores del crimen.
Entre estos figuran los generales en retiro Ramsés Alvarez Sgoglia, imputado como autor intelectual del crimen; Hernán Ramírez Rurange, Hernán Ramírez Hald y Fernando Torres Silva, este último ex auditor general del Ejército, sindicados como cómplices o encubridores de los hechos.
