SANTIAGO.- El Gobierno anunció hoy viernes el envío del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, que establece un sistema de justicia especializado para adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que hayan infringido la ley penal.
Junto con sancionar los crímenes, delitos y faltas que cometan los menores, el nuevo sistema busca reinsertar socialmente a los infractores a través de programas especiales que contemplan actividades de rehabilitación.
La iniciativa legal, que será ingresada el próximo lunes a la Cámara de Diputados pretende corregir las deficiencias del sistema vigente, que entre otras, deja impune los delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, pues actualmente no tienen responsabilidad penal.
Según el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, está imputabilidad de los menores permite que los adultos utilicen a los jóvenes en actividades criminales, con lo que se deja impune a los autores de los delitos.
El proyecto que crea la responsabilidad penal juvenil se enmarca dentro del proceso de reestructuración del Servicio Nacional de Menores, que desde hace dos años está trabajando en la aplicación de un nuevo modelo de rehabilitación a través de centros especializados a lo largo del país.
Según la directora del Sename, Delia del Gatto, el modelo supone "un fuerte trabajo con las familias de los jóvenes, un trabajo en las comunas donde ellos viven para saber qué pasa con ellos cuando salen, un trabajo al interior del centro con sicólogos y asistentes sociales, y un modelo de regularización del sistema escolar, de manera de lograr que cuando este joven salga se haya podido rescatar del inicio de la carrera delictual".
Fin al discernimiento
El ministro de Justicia explicó que la propuesta de responsabilidad juvenil penal pone fin al trámite de discernimiento, ante lo cual los jóvenes serán plenamente responsables de las infracciones que cometan.
El ministro aclaró que los adolescentes adquieren plenos derechos, pueden actuar ante tribunales, defenderse y acceder a recursos que hasta hoy les eran prohibidos, como el derecho a la libertad provisional.
La iniciativa legal contempla, además, una amplia gama de sanciones que van desde la amonestación, a la privación de libertad por cinco años. Asimismo se establecerán sanciones alternativas como multas, reparación del daño causado, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y arresto domiciliario por el fin de semana, entre otras medidas.
