SANTIAGO.- El magistrado sumariante Raúl Rocha decidió dejar en calidad de detenidos al presidente de la Asociación de Empresas de Transporte del Metrobus, Marcel Antoine, y a los dirigentes del Consejo Superior de Transporte Terrestre, Manuel Navarrete y Demetrio Marinakis.
El ministro sumariante ordenó la detención de los tres empresarios por infracción al Artículo Sexto, letra C y D de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, que configura como ilícito la paralización e interrupción del transporte público e impedir el libre tránsito por las arterias de uso público.
Ahora el magistrado tendrá 5 días para decidir si los somete a proceso por infringir la Ley de Seguridad del Estado o en libertad.
El abogado del Ministerio del Interior, Carlos Mackinney, se mostró satisfecho con la resolución y aclaró que el Gobierno no tiene intención de retirar el requerimiento.
"Nuestro planteamiento ha sido recogido por el ministro que ha ordenado la detención preventiva de los inculpados. Naturalmente al Gobierno le satisface esta resolución porque eso era lo que pretendíamos con la presentación del requerimiento. No hay intención de desistimiento, el requerimiento sigue adelante, quedan otras personas por declarar además de otras diligencias que solicitaremos oportunamente", adelantó el abogado.
El Gobierno basó la presentación del requerimiento por "quienes inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan, o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".
Asimismo, se consigna a "los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes".
Bajo fuertes medidas de seguridad, los dirigentes fueron trasladados hasta el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur donde quedaron en calidad de "libre plática".
En las afueras del Palacio de Tribunales, un centenar de personas se congregó en apoyo a Marinakis. Los manifestantes rechazaron la resolución judicial e indicaron que todo lo acontecido obedece sólo a factores políticos.
En tanto, dos choferes de la locomoción colectiva identificados como Aldo Vásquez y Hernán Chauquel, declararon ante el juez Rocha, quien mañana deberá interrogar a los otros siete empresarios sindicados como artífices de la paralización.
Poco antes de conocerse la decisión de Rocha, Marinakis aseguró que no tenía miedo de ir detenido, ya que sería por defender al gremio.
"Si fuera por ladrón me preocuparía", dijo Marinakis al término del interrogatorio.
El dirigente gremial además asumió su responsabilidad por la paralización de los microbuses, aunque descartó que el Consejo microbusero tenga que ver con el bloqueo que realizaron miles de máquinas en las principales calles de Santiago.
"Yo dije mi verdad y el juez deberá tomar la decisión que le parezca justa", añadió.
"Fue una explosión de la gente que estaba aburrida de todos los problemas que tiene este sector", dijo Marinakis para explicar los numerosos bloqueos que sufrió Santiago ayer.
