El ministro Raúl Rocha procesó a los cinco dirigrentes microbuseros por infracción a la ley de Seguridad del Estado
SANTIAGO.- El ministro sumariante Raúl Rocha decidió procesar este sábado a los cinco dirigentes microbuseros responsables de la paralización del lunes y martes pasado, detenidos a raíz del requerimiento que presentara el Gobierno por infracción a la Ley de Seguridad del Estado.
De esta manera, los dirigentes Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Marcel Antoine, Armando Huerta y Orlando Panza serán encausados por violar el artículo 6° letras C y D de la Ley 12.927 de Seguridad del Estado, por interrumpir el libre tránsito de las principales vías de la capital.
En su resolución, no obstante, el ministro Rocha les otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza, previa consulta a la Corte de Apelaciones, la que podría hacerse afectiva este lunes.
Tras enterarse de la resolución de su procesamiento, a la salida del Palacio de los Tribunales, el presidente del Consejo Superior del Transporte, Manuel Navarrete, había declarado estar "tranquilo" y dispuesto a acatar la decisión de la Justicia.
El abogado de los procesados, en tanto, Nicolás Protopsaltis, había expresado su disconformidad con lo adoptado por el magistrado Rocha, y aseguró que pediría la libertad bajo fianza de los cinco dirigentes microbuseros, pese a que el secretario del magitrado, Alejandro Espinoza, había informado que no procede este derecho en estos casos.
"(El fallo) Era previsible, pero el auto de procesamiento es esecialmente revocable. Así que no nos tiene preocupado tampoco", dijo el profesional, quien agregó que solicitaría a la corte la libertad bajo fianza de los empresarios.
La Ley de Seguridad del Estado contempla un procedimiento de breve tramitación, y para los delitos imputados a los dirigentes detenidos considera penas que oscilan entre los tres años y un día y los diez años de presidio.
Por disposición del magistrado Rocha, Navarrete, Marinakis, Antoine Huerta y Panza se encuentran recluidos en la ex Penitenciaría de Santiago desde el martes pasado, donde seguirán detenidos en prisión preventiva, hasta que la Corte de Apelaciones decida si autoriza o no la libertad bajo fianza.
Durante la semana, y especialmente ayer, dirigentes de otros gremios transportistas han realizado intensas gestiones ante el Gobierno, a fin de que éste interceda ante la Justicia para lograr que los detenidos sean traslados desde el módulo B de la ex Penitenciaría al anexo cárcel de Capuchinos. No obstante, esa posibilidad quedó descartada por el juez Raúl Rocha.
Ayer se dirigió a La Moneda el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Mauricio Cordaro, quien se entrevistó con el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, para formular su petición, anticipada por el ex presidente de ese gremio, Héctor Moya.
En 1991, y ante una situación similar, los entonces dirigentes del transporte de pasajeros requeridos por Ley de Seguridad del Estado fueron derivados al anexo cárcel de Capuchinos hasta que la autoridad de la época se desistió de la acción.
El Gobierno basó la presentación de dicho requerimiento por la violación al artículo 6° letras C y D de la mencionada ley
Lo que dice la Ley (N° 12.927):
La letra C castiga a "los que inciten , promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan, o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".
En tanto, en su
letra D se sanciona "los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes".
