SANTIAGO.- La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó por tres a cero la libertad provisional de los cinco dirigentes microbuseros que fueron detenidos la semana pasada por el paro de locomoción colectiva cometido entre el 12 y 13 de agosto en la Región Metropolitana.
De esta forma, los dirigentes seguirán detenidos en la ex Penitenciaría. Según el abogado de los empresarios microbuseros, Nicolás Protopsaltis, la medida se debe a que aún quedan diligencias pendientes.
"Vamos a pedir acceso al sumario, ya que esa es la única manera de acelerar el procedimiento", agregó Protopsaltis.
Asimismo, el abogado de Demetrio Marinakis, Héctor Concha, dijo que esta no es una prisión preventiva sino que una común y corriente, con todos los rigores que implica. Por lo mismo dijo que va a insistir para que los dirigentes sean trasladado al Anexo Cárcel Capuchino.
"Ellos son dirigentes gremiales, no son delincuentes y por un largo tiempo se ha demostrado que son personas de trabajo", agregó Concha.
En tanto, el dirigente Jorge Gómez, quien el juez Rocha dejó en libertad tras declarar la semana pasada, dijo que "nos sentimos sorprendidos y tristes por esta resolución, sin embargo nosotros siempre vamos a acatar lo que dice el tribunal".
Los dirigentes, detenidos por el requerimiento por Ley de Seguridad del Estado, se encontraban recluidos en la ex Penitenciaría.
Los cinco detenidos, Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Marcel Antoine, Armando Huerta y Orlando Panza, son todos dirigentes del Consejo Superior del Transporte.
Los ministros que conformaron la Sala fueron Sonia Araneda, Mauricio Silva, y Domingo Provoste.
Reacciones del Gobierno
Luego de conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de rechazar la libertad bajo fianza a los 5 dirigentes microbuseros, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, reiteró la postura del Gobierno en cuanto a respetar los fallos judiciales.
Asimismo, manifestó su convicción de que el Gobierno había hecho lo correcto al interponer un requerimiento por Ley de Seguridad del Estado contra los dirigentes de la movilización colectiva.
"Creemos haber cumplido nuestro deber al invocar la Ley de Seguridad del Estado; y la restante tarea no nos corresponde a nosotros como Ejecutivo", afirmó el subsecretario, quien aclaró que la tarea del Gobierno es aportar todos los antecedentes que tengan para la clarificación más pronta posible de los hechos.
