SANTIAGO.- La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) presentó hoy una querella en contra de quienes resulten responsables de los delitos de asociación ilícita terrorista, obstrucción a la justicia y amenazas, en virtud de la información publicada por un matutino el domingo pasado, en la que se sostenía que efectivos del Comando Conjunto se habrían reagrupado en enero, con el fin de obstruir los procesos legales que se llevan a cabo en el tema de derechos humanos.
En el recurso legal presentado por el abogado Hiram Villagra, la agrupación solicitó además que el Tribunal de Alzada designe un ministro en visita que investigue los antecedentes dados a conocer al diario La Nación por el presunto agente del Comando Conjunto denominado Colmillo Blanco, quien -a juicio de Villagra- entregó información que sí consta en los procesos.
"No estamos en presencia de un volador de luces, sino que efectivamente ha habido filtraciones en los Tribunales, que deben ser investigadas. Es claro que estamos en presencia de una grave alteración a la labor judicial", sentenció el profesional.
Asimismo, Villagra sostuvo que la agrupación que representa no cree totalmente los dichos de Colmillo Blanco, "pero sabemos que sí hay parte de verdad en lo que él dice y que la red que está filtrando información está funcionando".
Hasta los Tribunales también llegó la directiva de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la que presentó ante la Corte de Apelaciones una solicitud para que se investiguen las "graves" afirmaciones aparecidas en el periódico.
La vicepresidenta de la entidad, Mireya García, afirmó que ante esta acusación, "el Gobierno algo tiene que decir".
"No es posible que se permita la existencia de una asociación ilícita llamada Comando Conjunto cuando hemos transitado precisamente para que este tipo de organizaciones no exista y para que los poderes del Estado puedan actuar en forma independiente", aseveró la dirigenta.
García sostuvo además que este hecho es un "grave golpe a la democracia en Chile", que no sólo tiene que ver con lo que los afecta a ellos como familiares de desaparecidos, sino que con lo que afecta a la sociedad chilena en cuanto se vulnera la democracia con la aparición de la asociación ilícita.
Finalmente, la vicepresidenta de la AFDD acompañada por otros miembros de la entidad, se retiraron del Palacio de los Tribunales gritando consignas que pedían justicia y aseverando que en el caso del Comando Conjunto, todos los poderes del Estado tienen algo que decir.
