SANTIAGO.- El Comando Conjunto fue una agrupación de inteligencia no institucional que operó a mediados de la década de los 70' y cuyo objetivo principal fue la represión del Partido Comunista (PC), según señala el Informe Rettig, el que denuncia la responsabilidad del grupo en la desaparición forzada de cerca de 30 personas.
La agrupación estaba formada principalmente por agentes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (FACh). Sin embargo, con el tiempo se integraron a ella funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros y, en menor medida, agentes del Servicio de Inteligencia Naval y de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Asimismo, colaboraron miembros de Investigaciones, civiles de grupos nacionalistas e incluso militantes del PC que facilitaban la captura de otros miembros de la colectividad.
En enero pasado, 21 ex integrantes del grupo –16 de ellos provenientes de la FACh- fueron sometidos a proceso por el titular del 25° Juzgado del Crimen de Santiago Carlos Hazbún Allende –uno de los jueces de dedicación exclusiva por causas de derechos humanos-, acusados del delito de asociación ilícita.
Posteriormente, en mayo, los ministros de la 7° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocaron el procesamiento al comandante de Sanidad de la FACh, Alejandro Forero, y otorgaron la libertad bajo fianza al general (r) de la misma institución Enrique Ruiz, quienes habían sido encausados a comienzos de año.
Un mes más tarde, la misma Sala del tribunal de alzada revocó los procesamientos dictados contra 13 militares en retiro acusados de asociación ilícita, por estimar que se trataba de cosa juzgada y que correspondía mantener a firme la amnistía dictada a favor de ellos en 1986.
Sin embargo, el 8 de septiembre pasado, el Comando Conjunto dejó de ser un tema meramente judicial y comenzó adquirir importancia a nivel de Gobierno, luego de que el diario "La Nación" afirmara en un reportaje que efectivos del grupo están reagrupados desde enero bajo el apoyo de la FACh y con el objetivo de entorpecer las investigaciones judiciales producto de los datos aportados por la Mesa de Diálogo en materia de violaciones a los derechos humanos.
"Colmillo Blanco"
Otto Trujillo
El artículo citó como fuente a un ex miembro de la agrupación a quien denominó "Colmillo Blanco", pero cuya real identidad correspondería al coronel (r) de la FACh Otto Trujillo Miranda, uno de los procesados en enero de este año y luego amnistiado por la Corte de Apelaciones.
Según el testimonio del informante, quienes integraron el grupo de represión elaboraron una lista de víctimas y lugares de entierro, y sólo una parte de ellos y con otros destinos de sus restos, apareció en la nómina que dio a conocer la FACh a la Mesa de Diálogo.
Mario Carroza
Ante los nuevos datos revelados, el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien investiga las actuaciones del grupo de represión, decidió abrir una nueva línea en su proceso.
Sin embargo, el tema no terminó ahí y días después de aparecido el reportaje, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, sostuvo una reunión con el comandante en jefe de la FACh, general Patricio Ríos, con quien conversó sobre la materia. En la oportunidad, el uniformado negó tener antecedentes sobre una eventual reorganización del Comando Conjunto.
Paralelamente, el Ministerio del Interior se hizo parte de la investigación de la supuesta rearticulación.
General Patricio Campos Montecinos
El lunes 16 de septiembre, el general Patricio Ríos se reunió con los familiares de detenidos desaparecidos para abordar el tema. Sin embargo, el encuentro fue opacado por la renuncia de la quinta antigüedad de la FACh, general Patricio Campos Montecinos, hasta ese momento Director de Aeronáutica Civil, luego de que el día anterior el diario "La Nación" publicara un segundo reportaje sobre el Comando Conjunto en el que su esposa Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, apodada "La Pochi", aparecía relacionada como una de las integrantes del grupo de represión. De esta manera, el uniformado manifestó al Alto Mando de la institución su deseo de poder defender la honra de su mujer y de su familia.
"La Pochi"
Según publicó el matutino, Ugarte Sandoval perteneció al grupo de represión desde el inicio y participó de operativos de detenciones, seguimientos e interrogatorios. Conoció a su marido cuando éste era teniente, por lo que –según "Colmillo Blanco"- Campos sabía muy bien quién era su mujer.
Viviana Ugarte, alias "La Pochi".
Junto a otras 39 personas –entre ellas el ex comandante en jefe de la FACh y miembro de la Junta de Gobierno, general (r) Gustavo Leigh-, "La Pochi" fue procesada en agosto de 1986 por el entonces ministro en visita Carlos Cerda Fernández, por su vinculación con el desaparecimiento de 13 militantes del PC en diciembre de 1976.
El inicio de la investigación
El Caso "Desaparecidos" fue abierto en febrero de 1977 a petición del Cardenal Raúl Silva Henríquez y desde esa fecha estuvo a cargo de diferentes magistrados, llegando a acumular más de ocho mil fojas y veintiún tomos. Sin embargo, en 1983 la investigación pasó a manos del juez Cerda, quien después de dictar cientos de diligencias y recibir cerca de 200 testimonios, logró establecer la existencia del Comando Conjunto y su responsabilidad en la desapariciones.
Específicamente, Ugarte Sandoval fue encargada reo como autora del delito de asociación ilícita y como cómplice del delito de ilegítima privación de libertad de los militantes comunistas Edras de las Mercedes Pinto Arroyo y Reinalda Pereira Plaza, embarazada de seis meses.
También se le vinculó con las desapariciones de Arturo Weibel Navarro y Víctor Cárdenas Valderrama.
Sin embargo, tanto ella como los otros inculpados fueron sobreseídos definitivamente por la Corte Suprema, en virtud de la Ley de Amnistía, sin responsabilidad en los hechos investigados.
Carlos Cerda, actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La decisión del máximo tribunal no agradó al ministro Cerda, ya que a su juicio la amnistía debía aplicarse una vez que se diera sentencia definitiva y no mientras durara la investigación. Por esta razón, el magistrado determinó suspender la notificación de sobreseimiento definitivo, actitud que casi le cuesta su carrera en el Poder Judicial, del cual fue removido y luego reintegrado en enero de 1991.
Armando el rompecabezas
Con el objetivo de aclarar las informaciones aparecidas en "La Nación", el juez Carroza ha interrogado -hasta ahora- a Viviana Ugarte, así como también a su marido, al comandante en jefe de la FACh y al informante Otto Trujillo, quien permanece detenido en la ex Penitenciaría de Santiago.
También comparecieron ante el magistrado el autor del artículo, Víctor Gutiérrez; el director del diario "La Nación", Alberto Luengo; el representante legal del medio, Francisco Feres, y el editor Julio César Rodríguez.
Asimismo, el titular del Tercer Juzgado del Crimen interrogó al ex comandante de cuadrilla de la FACh, Germán Pimentel; al civil Roberto Flores; al abogado defensor de algunos de los implicados, Jorge Balmaceda, y al coronel (r) Juan Francisco Saavedra, quien quedó en prisión preventiva.
Con los testimonios, el juez ha podido hacerse una idea general del asunto, pero aún no ha dado a conocer sus conclusiones.
General Patricio Ríos.
Mientras tanto, la polémica ha seguido creciendo y las críticas han comenzado ha centrarse en el general Patricio Ríos, quien para muchos ha sido demasiado pasivo a la hora de enfrentar el tema.
Tampoco el Ejecutivo se ha salvado de los comentarios, luego de que el comandante en jefe de la FACh insinuara que La Moneda sabía de la situación familiar de Patricio Campos, no obstante lo cual ni el ex Presidente Eduardo Frei, ni el actual, Ricardo Lagos, se opusieron a que el uniformado continuara su carrera en la institución.
Sin embargo, ayer el Gobierno desmintió esta información y, a través de dos ministros, afirmó desconocer la situación que afectaba a la esposa del general Campos al momento de ascenderlo a fines del año pasado, reacción que dejó a Patricio Ríos parado sobre un difícil escenario.
