SANTIAGO.- El Gobierno solicitó que se investigue una eventual obstrucción a la justicia en el requerimiento por Ley de Seguridad del Estado interpuesto en contra de los dirigentes dirigentes microbuseros Marcel Antoine, Manuel Navarrete, Orlando Panza, Demetrio Marinakis y Armando Huerta.
Fuentes de tribunales informaron a TVN que el Ministerio del Interior -querellante en la causa- pidió al juez Raúl Rocha que indague sobre eventuales acciones de encubrimiento en el proceso u obstrucción a la justicia.
Las mismas fuentes señalaron que se ha podido detectar que algunos de los dirigentes requeridos u otros que no están procesados, se concertaron para realizar declaraciones en el proceso y desviar la atención del tribunal sobre ciertos puntos.
Además, el Ejecutivo entregó una serie de antecedentes que se relacionan con el daño supuestamente causado por el paro de la locomoción colectiva a la salud de la población el 13 de agosto pasado.
Entre otros datos, se dio una relación sucinta de las atenciones que se dejaron de realizar en los centros de salud, los retrasos que tuvieron las ambulancias y otros vehículos de emergencia por el bloqueo, y los perjuicios que se causaron a funcionarios que no pudieron asistir a sus trabajos a cumplir sus labores.
Por último, se incorporó un listado con nombres de dirigentes y de choferes de micros que identifica a quienes ordenaron el bloqueo de las calles en la movilización.
