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Corte rechaza recurso de AeroContinente contra autoridad aeronáutica

El fallo judicial señala que las fiscalizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ente querellado, comprobaron que "AeroContinente Chile no estaba respetando las normas legales que rigen la actividad aeronáutica comercial".

04 de Octubre de 2002 | 17:23 | AP
SANTIAGO.— La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el viernes un recurso de protección presentado por la aerolínea peruana AeroContinente después que las autoridades de aeronáutica cancelaran su permiso de vuelo.

AeroContinente perdió su permiso para volar en cielos chilenos en junio pasado porque la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, estimó que la línea aérea ponía en peligro las operaciones de seguridad.

El fallo judicial señala que las fiscalizaciones de la DGAC comprobaron que "AeroContinente Chile no estaba respetando las normas legales que rigen la actividad aeronáutica comercial".

Por unanimidad el tribunal de alzada también rechazó el argumento de AeroContinente de que la cancelación fue producto de acciones ilegales y arbitrarias.

"Resulta evidente que (la aerolínea) sabía que su libertad para desarrollar su actividad económica estaba supeditada al respeto de las normas legales que la regulan", señala el dictamen.

Agrega que "incumplir una serie de requisitos establecidos por la autoridad, tal como se comprobó en las tres visitas de fiscalización que se hicieron, demuestra que Aero Continente Chile no estaba respetando las normas legales que rigen la actividad aeronáutica comercial".

La DGAC afirmó que la empresa incumplió normas de mantenimiento, operación de sus aviones y de instrucción de tripulantes, además de presentar problemas de gestión.

AeroContinente enfrenta problemas en Chile desde julio del 2001, redujo su planilla de trabajadores de 600 a unos 88 y este año se declaró en quiebra.

La aerolínea sufrió la incautación de sus aeronaves y el cierre de oficinas por orden de un juez que actuó a petición del autónomo Consejo de Defensa del estado, CDE, que la acusó de asociación ilícita para el lavado de dinero.

Los cargos fueron anulados por la Corte Suprema porque no encontró evidencias para comprobar la acusación del CDE, aunque sólo investigó hasta 1995, cuando empezó a regir en Chile una ley contra el lavado de dinero.
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