SANTIAGO.- Luego de que el Gobierno lograra la salida del comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, en la que se especula que el Presidente Ricardo Lagos se habría comprometido a frenar la acusación constitucional que parlamentarios oficialistas presentarán en contra del uniformado, el diputado DC Gabriel Ascencio, patrocinador de dicha acción, dijo que le parecería un "escándalo" que el Jefe de Estado les impida hacer uso de una prerrogativa constitucional que le corresponde en forma exclusiva al Congreso.
El parlamentario fue claro en asegurar que junto al presidente del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, no echarán pie atrás en el juicio político en contra del jefe aéreo, en momentos en que el Primer Mandatario habría acordado retirar el libelo ante las condiciones puestas por Ríos para pactar su salida de la FACh.
Pese a todos los rumores, Ascencio afirmó que no le consta que el Gobierno se haya comprometido con el general Ríos en ese sentido, y que, en todo caso, no le correspondería al Presidente Lagos inhibir al Congreso de iniciar una acusación constitucional en contra del jefe de la FACh, puesto que los parlamentarios sólo están cumpliendo su labor bajo el principio de que las instituciones funcionan.
"A mí no me consta que el Gobierno se haya comprometido a que nosotros no presentemos la acusación. Eso no me parecería que le corresponda al Gobierno, así como no le corresponde, y para todos nosotros sería un escándalo, que se le pidiera a la justicia que paralice los procesos judiciales producto de la renuncia de Ríos. Esa misma razón es la que existe para que a nadie se le ocurra decirnos que nos inhibamos de hacer uso de una prerrogativa constitucional que la tienen sólo los parlamentarios", sostuvo.
En ese sentido, el parlamentario señaló que la acusación constitucional -que presentarán contra Ríos por obstrucción a la justicia; ocultamiento de información; protección a los miembros del Comando Conjunto; y por haber afectado gravemente a la FACh- sigue su ritmo normal.
Asimismo, dijo que espera no recibir presiones por parte del Ejecutivo para bloquearla. "Nunca hemos pensado en echarnos para atrás, en no presentarla", aseguró el diputado.
Agregó que la facultad de presentar la acusación corresponde única y exclusivamente a un mínimo de diez, y a un máximo de 20 diputados, los que deberán decidir al respecto, y que en ese sentido, dijo que no "le cabe en la cabeza" la posibilidad de que el Jefe de Estado haya asumido un compromiso en nombre de otro poder del Estado.
Ascencio espera que estén en condiciones de presentar el libelo el próximo jueves y de aprobarse éste, el efecto que produce es la inhabilidad por cinco años para que los acusados puedan ocupar cargos públicos.
"Esto es importante" –dice Ascencio- "porque así como están las cosas, sin reforma constitucional, podríamos tener como a un gran candidato al Senado por la vía de los designados al general Patricio Ríos en unos años más, a pesar de que todos sabemos lo que hizo en relación a la información de la Mesa de Diálogo. Eso es impensable, no podría ocurrir", sentenció.
Según el parlamentario, hay efectos que sólo se pueden lograr a través de una acusación constitucional, puesto que si la justicia procesa a Ríos y éste termina siendo absuelto por la misma, el general quedaría en condiciones de asumir cargos públicos, y de ahí que, entonces, se haga necesaria la presentación de la acusación constitucional.
La postura de Ascencio fue ratificada por otros parlamentarios de la Concertación, quienes también descartaron que vayan a aceptar presiones de La Moneda para frenar el libelo contra el general Ríos.
Los diputados PPD Guido Girardi, Enrique Acorssi y Antonio Leal; más los PS Sergio Agiló e Iván Paredes y el DC Gabriel Ascencio, convocaron a una conferencia de prensa en el Palacio Ariztía a fin de ratificar la posición asumida por éstos de presentar de todas maneras la acusación constitucional.
Los diputados oficialistas dijeron que la salida del general Ríos al mando de la Fuerza Aérea le soluciona el problema al Gobierno y a la FACh, pero no a los detenidos desaparecidos. Por ello, exigieron que el uniformado entregue a la justicia los datos que maneja acerca del paradero de los detenidos desaparecidos que se ocultó en el informe que fue a parar a la Mesa de Diálogo.
Sólo así, admitiría después Girardi, podría evaluar la presentación o no de la anunciada acusación constitucional contra el general Ríos.
