MONTEVIDEO.- La magistrada del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez, informó hoy a una radio montevideana que en pocos días enviará un exhorto a la justicia de Uruguay para que tome declaraciones a militares de este país que tendrían responsabilidad en el asesinato de Eugenio Berríos, químico y ex agente de la DINA.
La jueza aseguró que requerirá los testimonios, entre otros, de los militares Tomás Cassella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli.
Pérez destacó que para su investigación necesita el envío de antecedentes del caso Berríos, cuyo cadáver fue encontrado en 1995 en la jurisdicción del juzgado penal de Pando, 30 km al noreste de Montevideo, pues "no hemos logrado nunca obtener copias de ese expediente", afirmó.
Esa información "es muy importante para nosotros" porque el hecho ocurrió en Uruguay y "necesitamos tener detalles de cómo fue encontrado el cuerpo, en qué lugar, quiénes fueron los primeros que lo vieron".
El juez penal de Pando, Álvaro González, explicó el lunes que no remitió el expediente a Chile por "el secreto del presumario".
Pérez replicó que "no estoy pidiendo la remisión del expediente", y entendió que su solicitud puede incluir "copias" que "se pueden mantener con la debida reserva".
"Me interesa poder saber qué cosas más él (González) tiene que yo no conozco, y que me permitan interrogar a mis procesados y a mis inculpados en esta causa", dijo Pérez a la radio Sarandí de Montevideo.
Según la jueza "los oficiales uruguayos tuvieron algún tipo de participación en este hecho", por lo menos "de colaboración con los militares chilenos".
Concluyó que la justicia uruguaya debe "resolver por qué desapareció el libro de la comisaría de Pando, por qué después se relevó de su cargo al Jefe de Policía de (el departamento de) Canelones (...) a lo mejor existe algo más".
La jueza chilena remitió a prisión a los mayores retirados Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa por la autoría del crimen de Berríos, que fue asesinado en 1993, y sus restos encontrados en 1995 y luego enviados a Chile, donde fueron sepultados la semana pasada.
Berríos prestó servicios como experto químico a la DINA, la policía secreta del régimen militar, y huyó a Uruguay en 1991 para evadir su posible arresto en Chile en un proceso por asesinato.
Custodiado por militares chilenos, el ex agente intentó escapar y pidió ayuda a la policía uruguaya, que lo devolvió a sus custodios el 15 de noviembre de 1992, el día en que se perdió su rastro hasta el hallazgo de su cadáver tres años después.
En el juicio, Pérez estableció que hubo "obstrucción a la justicia" e inculpó al general retirado Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), al capitán Pablo Rodríguez Márquez y al suboficial retirado Raúl Lillo.
El sexto inculpado es el general Eugenio Covarrubias, como encubridor del secuestro y asesinato.
